(ES/CAT) Hace dos semanas recibíamos con satisfacción la absolución de «Manel», vendedor ambulante, para el que Fiscalía pedía 4 años de prisión por venta ambulante y atentado contra la autoridad. Manuel ni era culpable, ni siquiera había estado en el lugar de los hechos y así lo pudo demostrar la abogada del SAID. Pero no siempre es posible. – Fa dues setmanes rebiem amb satisfacció l’absolució de “Manel”, venedor ambulant, pel que Fiscalia demanava 4 anys de presó per vendre al carrer i per atemptar contra l’autoritat. Manel no era culpable ni havia estat al lloc dels fets i així ho va poder demostrar l’advocada del SAiD. Però no sempre és possible.
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«Manel» migró de Senegal a nuestro país hace 12 años. Tiene permiso de residencia y trabajo temporal pero, como no encuentra trabajo, se gana la vida con la venta ambulante no autorizada. Desafortunadamente, este no ha sido la primera vez que ha sido imputado «erróneamente». En los últimos años ha recibido 4 denuncias por infracciones que no ha cometido. «Queremos pensar que esto sucede porque le confunden con otras personas, no por el hecho de que los agentes le puedan estar imputando delitos de forma continuada «, señala Alicia Rodríguez, coordinadora del Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racismo.
Pero no es el único caso: entre el 2010 y el 2016, desde el Servicio de Atención y Denuncia del SAID han gestionado 77 casos de racismo donde hay implicados agentes de la Guardia Urbana. De estos, 44 están vinculados a la venta ambulante no autorizada.
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“Manel” va migrar del Senegal al nostre país fa 12 anys. Té un permís de residencia i treball temporal però com no troba feina es guanya la vida amb la venda ambulant no autoritzada. Malauradament, aquest no ha estat el primer cop que ha estat imputat “erròniament”. Fins a 4 denúncies ha rebut en “Manel” en els darrers anys, per fets que ell no ha fet.”Volem pensar que això passa perquè el confonen amb altres persones, no pel fet que els agents el coneixen i se li estan imputant delictes de manera continuada”, assenyala Alícia Rodríguez, coordinadora del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme.
Però no és l’únic cas: entre el 2010 i el 2016, des del Servei d’Atenció i Denúncia del SAiD s’han gestionat 77 casos de racisme on hi ha implicats agents de la Guàrdia Urbana. D’aquests, 44 estan vinculats a la venda ambulant no autoritzada.
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En el ámbito policial, las prácticas irregulares que encontramos en los casos que gestionamos son:
- Las detenciones no se hacen en el momento de los hechos, sino días e incluso meses después. Lo que dificulta enormemente la defensa (recordar dónde estaba ese día a esa hora y buscar pruebas o testigos para demostrarlo).
- Identificaciones poco rigurosas a través de reconocimientos fotográficos que proporcionan pocas garantías para el acusado.
- Se les acusa de:
- Vender cuando no estaban en el lugar de los hechos.
- De atentado contra la autoridad.
- De lesiones a terceros en el momento de la fuga.
- Se hacen atestados policiales para justificar estas detenciones ilegales y, por tanto, se puede incurrir en falsedad documental.
- Todo ello desemboca en un procedimiento penal que en la mayoría de casos no es justificable ni por el beneficio económico alcanzado por la venta, ni por el producto que se vende, porque no genera al cliente lugar a dudas que no es la marca original.
En el ámbito judicial, tal como explica la abogada Lorena Antón, existe un tratamiento de esta realidad muy determinante:
- Incoación de un procedimiento en el que no se cuestiona la identificación policial, aunque no cumpla las garantías procesales exigidas.
- No se da credibilidad al vendedor ambulante y, en cambio, la versión policial disfruta de principio de veracidad. En estos casos, nos encontramos además con la dificultad añadida de encontrar testigos dispuestos a testificar contra la versión policial. En la mayoría de casos los posibles testigos son otros vendedores que, comprensiblemente, tienen miedo de que si declaran puedan tener repercusiones negativas, como una mayor persecución policial.
- El papel del Ministerio Fiscal: los delitos de venta ambulante, Fiscalía juega un rol imprescindible, ya que es el único que ejerce la acusación. Nos encontramos ante un delito donde las grandes marcas, que son las supuestamente perjudicadas, no se personan en el procedimiento, y es el Ministerio Fiscal el que, con recursos públicos, realiza la acusación y defender los intereses de las grandes marcas de manera gratuita.
- Aunque existe un tipo penal atenuado por aquellos casos en los que el beneficio de la venta es reducido (multa de 1 a 6 meses o TBC de 31 a 60 días), la tendencia del Ministerio Fiscal es pedir penas de prisión, claramente desproporcionadas.
Estrategia de la defensa para conseguir la absolución de «Manel»
En el caso de la última denuncia contra «Manel», teniendo en cuenta que él no se encontraba en el lugar de los hechos pero que no teníamos testigos o pruebas que pudieran situar a un lugar diferente, la defensa realizada por Lorena Antón, abogada del SAID de SOS Racismo, se centró en cuestionar la identificación policial:
- En primer lugar, la no detención en el momento de los hechos, dado que las circunstancias de este caso no impedían que la policía detuviera al presunto autor.
- En segundo lugar, el reconocimiento fotográfico posterior, por no haber cumplido las garantías mínimas que exige la LECrim por considerarla prueba de cargo suficiente: se basaba en una descripción muy vaga y se desconocía cómo se había realizado el reconocimiento.
- En tercer lugar, poniendo en duda la versión policial, poniendo de manifiesto las incongruencias de tres de cuatro testigos policiales.
En este caso en concreto, el resultado fue una sentencia absolutoria en la que la magistrada recogió la mayoría de los argumentos que utilizamos para cuestionar la autoría de los hechos, pero que en ningún caso cuestiona la versión policial o la posible intencionalidad de la identificación de «Manel», aunque se demostró que él y su entorno son personas conocidas por la policía.
Sin embargo, la dificultad que se nos plantea en la defensa de estos casos son las penas que está solicitando el Ministerio Fiscal, que tiende a pedir pena privativa de libertad y hacen que los riesgos y consecuencias para los vendedores ambulantes sean especialmente desproporcionados y negativos, desde la entrada en prisión por vender bolsas o camisetas, hasta la expulsión, incluso en los casos que tienen permisos de residencia.
Un cóctel explosivo por los derechos humanos
Alba Cuevas, directora de SOS Racismo, explicó que la represión policial, junto con el Código Penal y la Ley de Extranjería, generan un «cóctel altamente peligroso para los Derechos Humanos».
La realidad que hemos expuesto se basa en los 44 casos que hemos gestionado en 6 años. «Pero este no es un tema de cifras. No importa si son mucho o pocos; las vulneraciones de derechos y las actitudes racistas por parte de la policía se dan». Son muestras de racismo institucionalizado, que se debe aceptar para actuar para depurarlas.
Existe un racismo social que se muestra en la actitud de la ciudadanía hacia los vendedores ambulantes, pero también en el tratamiento de los medios de comunicación de esta realidad, generalmente de manera superficial o incluso criminalizadora, en el peor de los casos. Y las actitudes dentro del cuerpo de la policía no dejan de ser un reflejo del racismo social que debemos combatir.
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En l’àmbit policial, les pràctiques irregulars que ens trobem en els casos que gestionem són:
- Les detencions no es fan en el moment dels fets, sinó dies i fins i tot mesos després. Fet que dificulta enormement la defensa (recordar on era aquell dia a aquella hora i buscar proves o testimonis per demostrar-ho).
- Identificacions poc rigoroses a través de reconeixements fotogràfics que proporcionen poques garanties per la persona acusada.
- Se’ls acusa de:
- Vendre quan no estaven en el lloc dels fets.
- D’atemptat contra l’autoritat.
- De lesions a tercers en el moment de la fugida.
- Es fan atestats policials per justificar aquestes detencions il·legals i, per tant, es pot incórrer en falsedat documental.
- Tot això desemboca en un procediment penal que en la majoria de casos no és justificable ni pel benefici econòmic aconseguit per la venda, ni pel producte que es ven, perquè no genera al client cap mena de dubte que no és la marca original.
A l’àmbit judicial, com ens explica l’advocada Lorena Antón, ens trobem amb un tractament de la venda ambulant i dels venedors molt determinant:
- Incoació d’un procediment en el qual no es qüestiona la identificació policial, encara que no compleixi les garanties procesals exigides.
- No es dóna credibilitat al venedor ambulant i, en canvi, la versió policial gaudeix de principi de veracitat. En aquests casos, ens trobem a més amb la dificultat afegida de trobar testimonis disposats a testificar contra la versió policial. A la majoria de casos els possibles testimonis són altres venedors que, comprensiblement, tenen por que si declaren puguin tenir repercussions negatives, com una major persecució policial.
- El paper del Ministeri Fiscal: als delictes de venda ambulant, Fiscalia juga un rol imprescindible, ja que és l’únic que exerceix l’acusació. Ens trobem davant un delicte on les grans marques, que són les suposadament perjudicades, no es personen al procediment, i és el Ministeri Fiscal el que, amb recursos públics, realitza l’acusació i defensar els interessos de les grans marques de manera gratuïta.
- Tot i que existeix un tipus penal atenuat per aquells casos en els quals el benefici de la venda és reduït (multa d’1 a 6 mesos o TBV de 31 a 60 dies), la tendència del Ministeri Fiscal és demanar penes de presó, clarament desproporcionades.
Estratègia de la defensa per aconseguir l’absolució de “Manel”
En el cas de la darrera denúncia contra “Manel”, tenint en compte que ell no es trobava al lloc dels fets però que no teníem testimonis o proves que el poguessin situar a un lloc diferent, la defensa realitzada per Lorena Antón, advocada del SAiD de SOS Racisme, es va centrar en qüestionar la identificació policial:
- En primer lloc, la no detenció en el moment dels fets, tot i que les circumstàncies d’aquest cas no impedia que el policia detingués al presumpte autor.
- En segon lloc, el reconeixement fotogràfic posterior, per no haver complert les garanties mínimes que exigeix la LECrim per considerar-la prova de càrrec suficient: es basava en una descripció molt vaga i es desconeixia com s’havia realitzat el reconeixement.
- En tercer lloc, posant en dubte la versió policial, posant de manifest les incongruències de tres de quatre testimonis policials.
En aquest cas en concret, el resultat va ser una sentència absolutria en la que la magistrada va recollir la majoria dels arguments que vam utilitzar per qüestionar l’autoria dels fets, però que en cap cas qüestiona la versió policial o la possible intencionalitat de la identificació d’en “Manel”, tot i que es va demostrar que ell i el seu entorn són persones conegudes per la policia.
Tot i així, la dificultat que se’ns planteja a la defensa d’aquests casos són les penes que està sol·licitant el Ministeri Fiscal, que tendeix a demanar pena privativa de llibertat i fan que el risc i les conseqüències pels venedors ambulants siguin especialment desproporcionades i negatives, des de l’entrada a presó per vendre bosses o samarretes, fins a l’expulsió, fins i tot en els casos que tenen permisos de residència.
Un còctel explosiu pels drets humans
Alba Cuevas, directora de SOS Racisme, ha explicat que la repressió policial, juntament amb el Codi Penal i la Llei d’Estrangeria, generen un “còctel altament perillós pels Drets Humans”.
La realitat que hem exposat es basa en els 44 casos que hem gestionat en 6 anys. “Però aquest no és un tema de xifres. No importa si són molt o pocs, sinó que existeixen i que les vulneracions de drets i les actituds racistes per part de la policia es donen”. Són mostres de racisme institucionalitzat, que s’ha d’acceptar que existeixen per actuar-hi per depurar-les.
Existeix un racisme social que es mostra en l’actitud de la ciutadania vers els venedors ambulants, però també en el tractament dels mitjans de comunicació d’aquesta realitat, generalment de manera superficial o fins i tot criminalitzadora, en el pitjors dels casos. I les actituds dins del cos de la policia no deixen de ser un reflex del racisme social. Que cal combatre.
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