Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

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NdP SOS Racismo Nafarroa: Familias en desprotección

(ES/EUS) A lo largo de las últimas tres semanas hemos tenido constancia y documentado varios casos de desprotección a familias con menores a cargo que, tras una renuncia al Programa de Acogida gestionado en este caso por Cruz Roja, han quedado fuera del sistema de protección social, no solo del propio programa, sino de los recursos públicos garantizados como derecho subjetivo en la Cartera de derechos Sociales de Navarra, imponiéndoles en la práctica un veto de 6 meses a todo tipo de ayuda social. – Azken hiru asteetan jaso eta dokumentatu dugu adingabeak ardurapean dituzten familien babesgabetasun kasu batzuen berri. Izan ere, Gurutze Gorriak kasu honetan kudeatzen duen Harrera Programari uko egin ondoren, gizarte babeseko sistematik kanpo geratu dira, ez bakarrik programan bertan, baita Nafarroako Gizarte Eskubideen Zorroan eskubide subjektibo gisa bermatutako baliabide publikoetan ere, eta, praktikan, 6 hilabeteko betoa ezarri zaie gizarte laguntza mota guztiei.

Hablamos de al menos 3 familias solicitantes de asilo, en cuyos procesos de acogida y posterior desamparo, hemos detectado las siguientes vulneraciones de derechos, que ya se han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo y de las Administraciones competentes (Departamento de Derechos Sociales y Ayuntamiento de Pamplona), a las que hemos pedido una reunión urgente que aún hoy no tiene fecha:

No adecuación del Programa de Acogida a las necesidades y condiciones de las personas solicitantes de asilo, vulnerando la normativa vigente en materia de Protección Internacional, regulada por el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.

En su Artículo 6 sobre los Principios generales de actuación, se recoge que:

La Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, velará por el respeto a los siguientes principios:

a) Garantizar unas condiciones materiales de acogida durante todo el periodo de permanencia en el sistema de acogida de protección internacional y en cualquiera de las instalaciones o recursos.

b) Asegurar la atención especializada a las necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad, de la manera más ágil posible, así como las condiciones adecuadas a la edad, sexo y circunstancias personales, familiares o sociales de las personas destinatarias (…)”

En la práctica, las personas llegan al Programa de Acogida tras haber esperado un tiempo indeterminado para realizar la solicitud de protección internacional, con periodos de inexistencia o dificultad severa en la obtención de citas en la Oficina de Extranjería para poder ejercer este derecho, hecho que ya ha sido denunciado en varias ocasiones por distintas organizaciones de Derechos Humanos en diversas instancias y como se constatan en múltiples informes.

En todos los casos, una vez fueron admitidas en el programa han sido alojadas en hostales a la espera de un posible traslado a otra comunidad y este hecho se comunica a la familia con una antelación de 48 horas. Queremos destacar que en ninguno de los casos ha habido una negación al traslado en sí, sino a las condiciones en las que se realiza: no asegurando la continuidad de procesos comenzados en Navarra, no respetando los periodos de escolarización: hablamos de menores a los que a pocos días de finalizar su curso, el traslado les iba a suponer tener que repetir o no poder acceder a cursos en los que ya estaban matriculados, condiciones médicas (físicas y psicológicas). Las familias manifiestan haberse sentido chantajeadas, manipuladas y presionadas para aceptar traslados o renuncias voluntarias.

Por lo que por distintos motivos, todos ellos debidamente comunicados, las familias han salido del Programa de Acogida, constando como una renuncia voluntaria.

Ante este panorama de la situación de las familias y menores queremos denunciar la:

Exclusión del sistema de Protección Social y situación de calle. Tras la salida del Programa, estas familias han encontrado con un veto por parte del Sistema de Protección Social de Navarra, a través de un mensaje claro por parte de diversas Unidades de Barrio, Servicio Social de Base y Área de Alta Exclusión del Ayuntamiento de Pamplona que de manera tajante les han transmitido que no hay nada que puedan poner a su servicio y que quedan fuera del sistema durante al menos 6 meses, sin proporcionarles esta denegación por escrito ni ofrecer alternativa alguna. Estas familias se han encontrado con las puertas cerradas, se les ha hecho responsables de su propia situación de vulnerabilidad, encontrándose en situación de calle con sus criaturas y teniendo que resolver por sus propios medios y a golpe de improvisación, agravándose sus situaciones de desprotección y exclusión social.

Cabe destacar el papel inexistente del Departamento de Derechos Sociales, que una vez más no ha puesto a disposición ningún recurso, ni explicación o propuestas de atención, así mismo queremos señalar el papel que han tenido otras entidades y Departamento a la hora de buscar soluciones de urgencia y alternativas que obviamente son parches temporales, pero que han aliviado momentáneamente la desesperación.de encontrarse en la calle con menores.

Esto supone una vulneración flagrante de lo contemplado en la Ley Foral 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad, que en su artículo 27 sobre la vulnerabilidad socioeconómica, recoge que:

“Las Administraciones públicas de Navarra adaptarán sus políticas y prestaciones para familias para garantizar especialmente el apoyo a niños, niñas y adolescentes cuando existan situaciones de riesgo debido a la pobreza y contarán con estrategias que permitan a los hogares en riesgo de pobreza acceder a alimentos suficientes y saludables.

Las Administraciones públicas de Navarra planificarán una atención integral a menores y sus familias ante factores de riesgo, procurando articular medidas que les garanticen acceso a la vivienda y unos ingresos mínimos. (…)”

Además recordamos que estamos hablando de derechos (cobertura de necesidades básicas) que están garantizados en la propia cartera de Derechos Sociales, tanto en el acceso a los servicios de Atención Primaria como a las prestaciones económicas o recursos habitacionales de emergencia, ya que se trata de derechos subjetivos.

Queremos señalar por ello al Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra como responsable último de la situación en la que se encuentran estas familias y a las Administraciones locales como responsables de la puesta en marcha de los mecanismos de discriminación y exclusión del sistema de Protección Social.

No vamos a seguir asumiendo como algo normalizado el juego de tirarse la pelota entre unos y otros y no vamos a caer en el debate de las competencias o techos de gastos. Los derechos de las personas a construir procesos de vida dignos y especialmente las menores de edad, no son debatibles, ni opinables, no deben nunca estar condicionados por el orígen, situación administrativa, condiciones socioeconómicas o el derecho legítimo a decidir dónde vivir.

Queremos denunciar por último el funcionamiento de un Sistema de Acogida a Solicitantes de Protección Internacional que sigue anclado en una lógica discriminatoria y revictimizadora, donde son las personas las que se tienen que adaptar a unas normas previamente fijadas desde arriba, y que en la práctica arrebatan la dignidad y la agencia de las personas que se acojan a él, convirtiéndose en ocasiones en una trampa social.

Creemos profundamente que se pueden hacer las cosas de otra manera, conscientes como somos de que el sistema de asilo y refugio es parte de la Política Migratoria global, es decir del Racismo Institucionalizado que opera para mantener un sistema de privilegios global, y en este caso, presente en las políticas sociales y en los estilos de intervención social en contextos multiculturales como la sociedad navarra. Por ello no vamos a dejar de seguir exigiendo una igualdad de derechos efectiva y real. 

Por todo ello reclamamos tanto al Gobierno estatal, como al de Navarra (Departamento de Derechos Sociales) y a los distintos Ayuntamientos:

1.Que las familias puedan acceder y permanecer (hasta que su situación socioeconómica se resuelva) en un programa o dispositivo de acogida de manera adecuada y que puedan ser valoradas para que sus situaciones se tengan en cuenta a la hora de asignarle cualquier plaza en el servicio o recurso habitacional correspondiente.

2. Que se investigue y se supervise:

  • El funcionamiento del Programa de Acogida, especialmente en lo relativo a los requisitos para las asignaciones de plaza y traslados, en lo que se refiere al traslado de información clara y a la adecuación de las plazas de acogida a las condiciones de las personas solicitantes de asilo, así como la coordinación entre las entidades y las Administraciones Públicas.
  • El acceso al sistema de Protección Social: requisitos de acceso, supuestos de excepcionalidad, etc. Especialmente en los casos en los que las personas salen del Programa de Acogida (ya sea de manera voluntaria, porque haya llegado a su fin o porque se haya denegado su solicitud de asilo), queremos canales de información y transparencia sobre qué medidas de protección están previstas en estos supuestos y cómo es su puesta en marcha en la práctica.
  • El acceso a los recursos habitacionales públicos (viviendas, estancias en pensiones y hoteles, albergues, etc). Queremos conocer cuál es la vía de acceso a estos recursos, quién es el organismo responsable y/o gestor principal; cabe destacar el caso de una familia a la que les ha sido denegado el acceso sin entregarles por escrito esta denegación y teniendo a cargo un menor de 8 meses.

Gutxienez, asiloa eskatzen duten 3 familiari buruz ari gara, eta harrera prozesuetan eta ondorengo desanparo prozesuetan honako eskubide urraketa hauek antzeman ditugu, Herriaren Defendatzaileari eta administrazio eskudunei (Gizarte Eskubideen Departamentua eta Iruñeko Udalari) jakinarazi zaizkienak, eta oraindik datarik ez duen premiazko bilera bat eskatu diegu:

Harrera programa asiloa eskatzen duten pertsonen beharrizan eta baldintzetara ez egokitzea, Nazioarteko Babesaren arloan indarrean dagoen araudia urratuz, Nazioarteko Babesaren arloko harrera sistema arautzen duen Erregelamendua onartzen duen martxoaren 29ko 220/2022 Errege Dekretuak arautua.

Jarduteko printzipio orokorrei buruzko 6. artikuluan, honako hau jasotzen da:

“Migrazioen Estatu Idazkaritzak, Nazioarteko eta Aldi Baterako Babeseko Harrera Sistema Kudeatzeko Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, honako printzipio hauek errespetatzen direla zainduko du:

a)Harrera baldintza materialak bermatzea, nazioarteko babeseko harrera-sisteman eta edozein instalazio edo baliabidetan dagoen denbora guztian.

b) Kalteberatasun egoeran dauden pertsonen premia espezifikoetarako arreta espezializatua bermatzea, ahalik eta arinen, bai eta hartzaileen adinari, sexu eta inguru pertsonal, familiar edo sozialei egokitutako baldintzak ere (…)”

Praktikan, pertsonak Harrera Programara iristen dira nazioarteko babesaren eskaera egiteko denbora zehaztugabe bat itxaron ondoren, eskubide hori gauzatu ahal izateko Atzerritartasun Bulegoan hitzordurik ez dagoen edo hitzorduak lortzeko zailtasun handiko aldiak daudenean, eta hori hainbat kasutan salatu dute giza eskubideen aldeko hainbat erakundek hainbat instantziatan eta txosten askotan egiaztatzen den bezala.

Kasu guztietan, programan onartu ondoren, ostatuetan hartu dute ostatu, beste erkidego batera lekualdatzeko zain, eta horren berri 48 ordu lehenago ematen zaio familiari. Nabarmendu nahi dugu kasu bakar batean ere ez zaiola ukatu lekualdatzea, baizik eta zein baldintzatan egiten den: Nafarroan hasitako prozesuen jarraipena ez ziurtatzea, eskolatze aldiak ez errespetatzea: ikasturtea amaitu eta egun gutxira lekualdatzeak lehendik matrikulatuta zeuden ikastaroetara, baldintza medikoetara (fisikoetara eta psikologikoetara) edo familia-batzarretara errepikatu behar izatea edo ezin izatea ekarriko zien adingabeei buruz ari gara. Familiek adierazi dute xantaia egin dietela, manipulatu egin dituztela eta presio egin dietela lekualdaketak edo borondatezko uko egiteak onartzeko.

Horregatik, hainbat arrazoirengatik, guztiak behar bezala jakinarazita, familiak Harrera Programatik atera dira, eta borondatezko uko egite gisa jasota geratu dira.

Familien eta adingabeen egoera horren aurrean, honako hau salatu nahi dugu:

Gizarte babeseko sistematik kanpo uztea eta kaleko egoera. Programatik irten ondoren, familia horiek beto bat aurkitu dute Gizarte Babeseko Sistemaren aldetik, Iruñeko Udaleko hainbat Auzo Unitatek, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eta Bazterketa Handiko Arloak emandako mezu argi baten bidez. Izan ere, argi eta garbi adierazi diete ez dagoela ezer beren zerbitzura jar dezakeenik eta sistematik kanpo geratzen direla gutxienez 6 hilabetez, idatziz ukatze hori eman gabe eta alternatibarik eskaini gabe. Familia horiek ateak itxita aurkitu dituzte, beren kalteberatasun-egoeraren erantzule egin dituzte, kalean aurkitu dituzte beren haurrekin, eta beren kabuz konpondu behar izan dituzte bat-batean, babesgabetasun-egoerak eta gizarte-bazterkeria larriagotuz.

Nabarmendu behar da Gizarte Eskubideen Sailak ez duela beste behin ere inolako baliabiderik, azalpenik edo arreta proposamenik eskura jarri, eta, era berean, adierazi nahi dugu beste erakunde eta sail batzuek izan duten zeregina larrialdiko konponbideak eta alternatibak bilatzeko orduan. Jakina, aldi baterako adabakiak dira, baina une batez arindu egin dute adingabeak kalean egotearen etsipena.

Horrek nabarmen urratzen du haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko eta haien familiak, eskubideak eta berdintasuna sustatzeko maiatzaren 11ko 12/2022 Foru Legean jasotakoa. Lege horren 27. artikuluak, kalteberatasun sozioekonomikoari buruzkoak, hau jasotzen du:

 “Nafarroako administrazio publikoek familientzako politikak eta prestazioak egokituko dituzte, bereziki haurrei eta nerabeei babesa bermatzeko pobreziaren ondoriozko arrisku egoerak daudenean, eta pobrezia arriskuan dauden etxeei elikagai nahikoak eta osasungarriak eskuratzeko aukera emango dieten estrategiak izango dituzte.

Nafarroako administrazio publikoek arrisku faktoreen aurrean adingabeei eta haien familiei arreta integrala ematea planifikatuko dute, etxebizitza eta gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko neurriak artikulatzen saiatuz.”

Gainera, gogorarazi nahi dugu Gizarte Eskubideen zorroan bertan bermatuta dauden eskubideez ari garela (oinarrizko premien estaldura), bai Lehen Mailako Arretako zerbitzuetarako sarbidean, bai prestazio ekonomikoetarako edo larrialdiko bizitegi baliabideetarako sarbidean, eskubide subjektiboak baitira.

Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen Departamentua aipatu nahi dugu familia horien egoeraren azken arduradun gisa, eta toki-administrazioak gizarte babeseko sistematik diskriminatu eta baztertzeko mekanismoak abian jartzearen arduradun gisa.

Ez dugu normaltzat hartuko batzuen eta besteen artean pilota botatzeko jokoa, eta ez gara eskumenen edo gastu mailen eztabaidan murgilduko. Pertsonek bizi-prozesu duinak eraikitzeko dituzten eskubideak, eta, bereziki, adingabeak, ez dira eztabaidagarriak, ezta iritzizkoak ere, ez dira inoiz ere non bizi erabakitzeko eskubide legitimoaren, administrazio-egoeraren, baldintza sozioekonomikoen edo jatorriaren baldintzapean egon behar.

Salatu nahi dugu Nazioarteko Babes Eskatzaileentzako Harrera Sistema baten funtzionamendua, oraindik ere logika diskriminatzaile eta birbiktimizatzaile batean ainguratuta jarraitzen duena. Sistema horretan, pertsonak dira aurretik ezarritako arau batzuetara egokitu behar direnak, eta praktikan, pertsona horiei duintasuna eta agentzia kentzen diete, batzuetan gizarte-tranpa bihurtuz.

Gauzak beste era batera egin daitezkeela uste dugu sakonki, jakin baitakigu asilo eta babes-sistema Migrazio Politika Globalaren parte dela, hau da, Arrazakeria Instituzionalizatuarena, pribilegio-sistema global bat mantentzeko balio duena, eta, kasu honetan, gizarte-politiketan eta esku-hartze sozialeko estiloetan presente dagoena Nafarroako gizartea bezalako testuinguru multikulturaletan. Eskubide berdintasun eraginkorra eta erreala eskatzen jarraituko dugu.

Guzti honengatik, Estatuko Gobernuari zein Nafarroakoari (Eskubide Sozialen Departamentuari) zein Udalei eskatzen diegu:

1. Familia hauek harrera programa batean edo modu egokian instalazio batean sartu eta egon daitezkeela (egoera sozioekonomikoa konpondu arte). Eta baloratu ahal izango direla, dagokien zerbitzuan edo etxebizitza-baliabidean edozein plaza esleitzerakoan haien egoerak kontuan izan daitezen.

2. Ikertu eta gainbegiratu dadila:

  • Harrera Programaren funtzionamendua, batez ere plazak esleitzeko eta lekualdatzerako baldintzei dagokienez, informazio argiaren transferentziari dagokionez eta harrera-lekuen egokitasuna asilo-eskatzaileen baldintzetara, baita erakunde honen eta Administrazio Publikoen arteko koordinazioa ere..
  • Gizarte Babeserako sistemarako sarbidea: sarbide-baldintzak, salbuespenezko kasuak, etab. Batez ere, jendeak Harrera Programa uzten duen kasuetan (bai borondatez, amaitu egin delako edo asilo-eskaera ukatu delako) eta kasu hauetan eskaintzen diren babes-neurrietaz eta hauek praktikan nola gauzatzen diren informazio eta gardentasun bideak nahi ditugu,
  • Etxebizitza publikoko baliabideetarako sarbidea (etxeak, pentsioetan eta hoteletan egonaldiak, aterpeak, etab.). Baliabide horietarako sarbidea zein den jakin nahi dugu, nor den erakunde arduraduna eta/edo kudeatzaile nagusia, familiaren kasuan, zeinetan sartzea, adierazi behar duen ukatze hori idatziz eman gabe eta 8 hilabetetik beherako umea ardura izanik.

Iruña, 2 de Junio de 2023ko ekainaren 2

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