Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

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SOS Racismo apoya la declaración de la Sociedad Civil para el «Pacto Mundial para las migraciones»

La primacía de los derechos fundamentales frente al estatus migratorio, la apuesta por la no devolución de personas migrantes, la prohibición del internamiento de menores de edad, son algunas de las reivindicaciones de la Sociedad Civil internacional, y de la Federación SOS Racismo de cara a la próxima ronda de negociaciones del «Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada».

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Los miembros de la sociedad civil, incluidas las redes de migrantes, se reunieron el domingo 8 de julio de 2018 para reflexionar sobre las negociaciones GCM y para plantear una agenda común que defender en las próximas etapas. Esta declaración es el resultado de estas deliberaciones y de nuestro compromiso para mejorar las vidas de las comunidades de personas migrantes en todo el mundo.

Desde su creación en 2016, la sociedad civil se ha involucrado en el proceso GCM y ha presionado continuamente para que se realicen una serie de mejoras clave para conseguir nuestro objetivo común que no es otro que no dejar a nadie fuera de las deliberaciones del Pacto Mundial.

Aunque lamentamos que una narrativa política negativa en torno a la movilidad humana haya sido un contexto en el que se haya llevado a cabo el Pacto Mundial sobre Migración, reiteramos nuestro compromiso con la puesta en marcha del primer marco de gobernanza global sobre migración. Somos conscientes de que el documento final reflejará los compromisos alcanzados en el proceso de búsqueda de consenso entre los Estados miembros.

Con esta declaración, presentamos nuestras observaciones finales, inquietudes y recomendaciones al concluir las negociaciones intergubernamentales. Consideramos incorporar soluciones a los problemas que se detallan a continuación, para el éxito del Pacto, y para la creación de un marco de migraciones seguras, ordenadas y seguras. Estos son los temas que seguiremos reivindicando en este proceso y en nuestro trabajo con migrantes, comunidades y Estados.

  • El estatus legal de las personas migrantes. Las personas, independientemente de su estatus legal, poseen derechos  que les dan derecho a ciertas libertades, incluido el los derechos de acceso a la justicia, laborales, a la información, a la vivienda, a la atención médica, a la educación y el registro civil. El GCM no puede incluir un aceso asimetrico a estos derechos ya que sería incompatible -entre otros- con la Declaración Universal de los DDHH, las normas internacionales del trabajo, la letra y el espíritu de la Declaración de Nueva York, la Agenda 2030 y el propio Pacto. También instamos a que se establezcan mecanismos formales de regularización para los migrantes que han vivido en un país durante un número determinado de años, independientemente de la causa de su situación irregular.
  • No a la devolución de migrantes. Exigimos a los Estados que de cara a dotar al GMC de una mayor claridad y simplicidad, se reestablezca y  recoja de forma explícita el principio de «no devolución – non refoulment» en el texto del Pacto, reforzando así el compromiso con las personas migrantes, el derecho internacional y los estándares establecidos en el ámbito de las movilidad humana.
  • Migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Exhortamos a los Estados Miembros a que garanticen que los migrantes en situaciones de vulnerabilidad gocen de protección plena de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas. Específicamente, insistimos en la importancia de garantizar la protección para las víctimas de los desastres naturales y el cambio climático, ya que consideramos que el GCM no aborda adecuadamente ninguna de estas situaciones.
  • Derecho a la privacidad. Aunque preferiríamos restablecer texto previo, no podemos respaldar la eliminación de la protección de la privacidad de la información personal de las personas migrantes. Consideramos que violar esta privacidad equivale impedir el acceso a ciertos servicios sociales, en la medida que disuadiría a los migrantes irregulares. También creemos que desalentaría a los migrantes a participar en los esfuerzos de recopilación de datos, que son vitales para poder calcular el volumen de las poblaciones migrantes fundamentales para crear respuestas políticas y medidas proporcionales así como impedir la capacidad de los proveedores de servicios para llevar a cabo programas de intervención de manera efectiva.
  • Criminalización de los migrantes y de quienes los asisten. Estamos totalmente en contra de cualquier cambio en el lenguaje de los Objetivos 8 y 9, que criminalizaría a los migrantes que cruzan una frontera internacional en busca de seguridad u oportunidad, y debilita el acceso a la asistencia humanitaria. El GCM también debería ser explícito en su rechazo a la criminalización de las entidades que trabajen con personas migrantes.
  • NO a la detención de menores migrantes.
  • Mecanismos de revisión y seguimiento. Apostamos por mecanismos sólidos para su implementación, revisión, evaluación, medición y mejora que garantice la rendición de cuentas, la transparencia, le análisis de cumplimiento de objetivos,  que tengan un reflajo en los Estados Miembros en sus esfuerzos nacionales de implementación de este Pacto Mundial. La sociedad civil solicita su participación en este proceso, así como un papel en la supervisión de los resultados del GCM, tanto a nivel nacional, regional e internacional.

Y para concluir, nada en el Pacto reduce la obligación de los Estados Miembros de cumplir sus compromisos actuales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, para que la «gestión de la migración» sea efectiva, no solo debe ser creíble para los Estados, sino que también debe ser creíble para los migrantes.

Si bien estas recomendaciones no representan la totalidad de nuestras preocupaciones, creemos que son esenciales para garantizar que el GCM defienda los derechos humanos de todos los migrantes y garantice su seguridad y bienestar.

 

9 de Julio

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Members of civil society, including migrant networks across regions, gathered on Sunday, July 8, 2018, to reflect on the GCM negotiations, and to look at the issues at stake and to envision the next phase of mobilization as you complete your negotiations this week. This statement is a result of these deliberations and our on-going commitment to improving the lives of communities on the ground.

Since its start in 2016, civil society has been engaged in the GCM process and has continually pushed for a number of improvements in areas of key importance to our common objective of leaving no one behind across both Global Compacts deliberations.

Although, we regret that a negative political narrative surrounding human mobility has been a context in which the Global Compact on Migration process has taken place, we reiterate our commitment to substantive engagement in the GCM process and implementation, it being the first global governance framework on migration. We are cognizant of the fact that the final document will reflect the compromises reached in the process of seeking consensus amongst Member States.

With this statement we present our final observations, concerns and recommendations as you conclude intergovernmental negotiations. We consider a positive disposition of the issues outlined below, as necessary to the success and integrity of the Compact, and to the actuation of safe, orderly and regular migration. These are the issues we will continue to mobilize around as we move forward in this process and in our work with migrants, communities and with you, States, at all levels.

  • Regular and Irregular Status for Migrants. People, regardless of their legal status, possess human rights that entitle them to certain freedoms, including access to justice, as well as to labour rights, information, shelter, health-care, education, and civil registration. The GCM cannot include a distinction between regular and irregular migrants, in a manner inconsistent with international human rights law, international labour standards, other international obligations, and the letter and spirit of the New York Declaration, Agenda 2030, and the Compact itself. It should also reflect the existing good practice of formal regularization mechanisms for migrants who have lived in a country for a given number of years, irrespective of the cause of their irregular
  • Non-Refoulement of Migrants. For clarity, simplicity and removal of doubt as to whether the GCM sanctions any regression from non-derogable elements of international human rights law and a weakening of customary international law, we urge Member States to restore the term ‘non- refoulement’ in the text of the Compact, thereby reinforcing commitment to established international
  • Migrants in Vulnerable Situations. We urge Member States to maintain language throughout the Compact that ensures that migrants in vulnerable situations enjoy full human rights protections, consistent with UN-approved international human rights instruments. Specifically, we insist on the critical importance of avoiding any weakening of protections for victims of natural disasters and climate change, as the Global Compact on Refugees does not address either of these situations adequately.
  • Right to Privacy with regard to migrant’s personal information. While we would prefer the reinstatement of firewall language to the text, we cannot support the removal of language, which protects the privacy of migrant’s personal information to prevent it from being used for enforcement purposes. Breaching this privacy amounts to a violation of the human right to have access to certain social services, as it would deter irregular migrants from registering for these services. It also would discourage migrants from participating in data collection efforts, which are vital in estimating migrant populations and in creating humane and proportional policy responses and can impede service providers’ ability to effectively carry out their work.
  • Criminalization of Migrants and those who assist them. We are strongly against any changes to the language in Objective 8 and 9, which would criminalize migrants who cross an international border in search of safety or opportunity, and weakens access to humanitarian assistance. The GCM should also be explicit in its rejection of the criminalization of entities that demonstrate solidarity and provide support to irregular migrants.
  • Working to End Child Immigration Detention
  • A Robust Implementation, Review, and Follow-Up Mechanism. We strongly support a robust implementation, review follow-up and performance improvement mechanism that ensures accountability, transparency, practical progression and support to Member States in their national implementation efforts. Civil society requests a fully mandated partnership role in these efforts as well as a role in monitoring progress, both at the national, regional and international

And to close, in our view nothing in the Compact reduces the obligation of Member States to honour their current commitments under international human rights law. Indeed, if “migration management” is to be effective, not only must it be credible to states, but must also be credible to migrants.

While these recommendations do not represent the totality of our concerns, we believe they are essential to ensuring that the GCM upholds the human rights of all migrants and ensures their safety and well being across the globe.

 

9 July

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