Belén Larrión
Directora general de Protección a la Infancia y de Inclusión. Diputación Foral de Gipuzkoa.
La ponencia comienza recordando que el marco de actuación jurídica en relación a los menores no acompañados se sustenta en las leyes de protección (estatal/autonómica) y que ambas rigen las actuaciones administrativas. Teniendo en cuenta el carácter internacional del seminario, merece destacar que Guipúzcoa es un territorio pequeño y es un paso fronterizo hacia el norte de Europa.
En 2007 los datos ya eran considerablemente altos en Guipúzcoa alcanzando los 156 menores no acompañados, que conllevó a abrir de forma apresurada hasta 8 centros de acogida en la provincia. Sin embargo, nada comparable con cifras de 2018 que alcanzan a 699 menores. Estas cifras llevan a plantearse soluciones que se deben caracterizar además por cumplir estándares de calidad.
La ponente admite que el impacto ha sido enorme y no se estaba preparado para recibir flujos de migrantes tan irregulares con diversidad de lenguas, culturas y realidades sociales. Sin embargo, estos 10 años han permitido evolucionar en la forma de atender y se ha decidido que el modelo de atención será el acogimiento residencial extenso.
Centrando la mirada en el marco jurídico, Euskadi cuenta con un decreto regulador como instrumento de valoración de las situaciones de desprotección infantil que a partir de 2017 se reformó para contemplar a los menores no acompañados como categoría. Este instrumento se encarga dentro de la Ley de Servicios Sociales para afrontar situaciones de desprotección y exclusión social.
Ahora bien, parece oportuno adoptar medidas que trasciendan del sistema de servicios sociales y el reto consistiría en abordar esta cuestión desde la perspectiva de políticas públicas más amplias. Además, el sistema debe seguir progresando desde la individualización y el progreso personal.