Euskadi, más propiamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco, es, desde el punto de vista de la acogida, un espacio geopolítico bastante singular.
Sociedad, instituciones, partidos políticos, sindicatos, entidades sociales… comparten, en su discurso, un acuerdo de cara a la acogida, tanto de personas refugiadas como de migrantes. No es el caso, de PP y Vox, pero, a día de hoy, sus planteamientos, en el espacio público, son minoritarios. Tampoco lo es, sino muy parcialmente, con el Partido Socialista, que comparte la legislación de extranjería, causa fundamental de la situación de irregularidad de miles de personas que necesitan ser acogidas y a quienes se niegan los más elementales derechos en igualdad con el resto de nacionales. Además, en el caso de los partidos con más implantación, no tienen responsabilidades de gobierno a nivel estatal por lo que las políticas de asilo y de extranjería no son de su responsabilidad, lo que les permite más libertad para criticar las políticas de los gobiernos españoles.
Ahora bien, acuerdo no significa compartir estrategias, ni actuaciones, ni políticas. Significa que no se cuestiona el objetivo de acoger a esas personas que lleguen/están aquí. No es suficiente, pero no es poco, con la que está cayendo por otros lares.
Con este punto de partida pareciera inexcusable buscar acuerdos, sinergias, conjuntar esfuerzos de cara a hacer realidad la acogida, que todo hará falta.
En cambio, la situación actual deja mucho que desear y hay responsabilidades en todos los actores implicados, si bien, la responsabilidad principal corresponde a las instituciones. Son ellas quienes debieran liderar esos acuerdos. Pero liderar no significa decidir el grueso de medidas, prioridades, presupuestos… y pedir luego el apoyo a los mismos. Los acuerdos implican que todos los actores en presencia tienen, no sólo la posibilidad de formular sus planteamientos sino la posibilidad real de ser escuchados y, en definitiva, de poder intervenir en la fijación de las políticas que se acaben implementando.
Esto es algo que no ocurre hoy en día. No ocurre en el ámbito de la política, donde las propuestas de distintos modelos de sociedad, así como los intereses partidistas, convierten en algo ilusorio llegar a acuerdos. Pero ocurre también con la sociedad civil y los agentes sociales que en ella intervienen. Y, en este caso, sí podemos afirmar que la responsabilidad principal corresponde a quienes detentan la representación institucional.
La participación ciudadana está contemplada y reglamentada en discursos políticos, foros y normativas a todos los niveles. Pese a ello, está muy lejos de la literatura que le precede. Tanto en aquellos foros en los que participan entidades señeras del llamado Tercer Sector, como en las consultas esporádicas que se organizan a niveles más “a pie de calle”, con entidades de tamaño pequeño y mediano que están sobre el terreno. Lo habitual es que esos foros sirvan para estar informados de las políticas que deciden las instituciones. Pocas veces se va más allá.
En este cuaderno de trabajo hacemos un repaso de los aspectos que nos parecen más relevantes de lo acontecido en los últimos cinco años en el ámbito de la Acogida. Acogida tanto a personas refugiadas como migrantes.
