El pasado fin de semana, la Federación SOS Racismo ha participado en la Asamblea Anual de la «Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados» (PICUM).
En un contexto migratorio complejo en el que, desde los Estados, la Unión Europea y la comunidad Internacional, se están dando soluciones improvisadas y poco efectivas para afrontar la realidad de los millones de personas migrantes y refugiadas que han tenido que abandonar su país de origen, en la Asamblea de PICUM se ha tratado de abrir espacios para estrategias y discursos comunes que den respuesta a estos retos sociales. Unos retos que no pueden solucionarse con medidas como el blindaje de fronteras, la vulneración de los Derechos Fundamentales de estas personas, con acuerdos bilaterales de dudosa legalidad o con la apertura de campos de refugiados en los países limítrofes a la Unión Europea.
Asimismo, en este contexto y en el grupo de fronteras y detención en el que participa SOS Racismo, se han abordado estrategias para tratar de desarrollar estrategias de incidencia en materia de las «fronteras inteligentes», la respuesta de la Plataforma al acuerdo UE-Turquía (incluyendo en este punto el posible cierre de fronteras, las expulsiones de los potenciales demandantes de asilo llegados a Grecia o la situación de los «hotspots») así como un recorrido de lo que está sucediendo en materia de expulsiones de personas en los diferentes puntos de Europa.
Sobre este punto, SOS Racismo participó con una intervención en la que se mostró la preocupación de esta organización por las llamadas «devoluciones exprés» que modifican las políticas de expulsión llevadas a cabo hasta el momento y que representan una novedad en el panorama Europeo. La novedad de esta práctica y que preocupa a la Federación, es que se trata realmente de repatriaciones urgentes que tienen lugar en menos de 72 horas a través de los llamados macrovuelos, sin la presencia del juez y con un plazo tan corto que dificulta, si no impide, una debida defensa jurídica de garantías para la persona.
Asimismo, otra de las controversias que genera la práctica es que en la medida en que estas expulsiones se realizan en función de los «macrovuelos», supone en la práctica la necesidad de identificar a las personas refugiadas/migrantes por su «perfil racial/étnico» hecho este que podría contravenir las legislacion nacional e internacionak vigente en materia de Discriminación.
