Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

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SOS Racismo Nafarroa: Comunicado de prensa

(ES-EUS) El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra tiene menos de un mes para aceptar o no, las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo, derivadas de una queja interpuesta en la que se denunciaba una situación de desprotección y maltrato institucional de las que fueron víctimas dos menores de edad y su madre de origen migrante. – Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen, Gizarte Ekonomiaren eta Enpleguaren Departamentuak hilabete baino gutxiago du Arartekoak emandako gomendioak onartzeko edo ez. Gomedioak kexa baten ondoiozkoak dira, non salatzen baitzen babesik gabeko egoera bat eta tratu txar instituzionalak jasan zituztela ama migratzaile batek eta haren bi alaba adingabeek.

El 11 de abril de 2024 esta madre fue ingresada en el hospital, debido a una crisis de angustia intensa derivada de una serie de violencias machistas que venía sufriendo a lo largo de varios años. Ante este ingreso el Departamento de Derechos Sociales acordó la retirada temporal de la custodia de sus dos hijas menores de edad al no tener la madre, a juicio de los profesionales correspondientes, una red familiar que se hiciera cargo de ellas. La única causa de la retirada temporal de la custodia fue el ingreso hospitalario de la madre, sin embargo, finalizado el mismo, las menores no fueron reintegradas al domicilio con su madre, a pesar de presentar varios informes emitidos por la psicóloga de referencia de la madre donde se reflejaba su recuperación y su plena capacidad para el cuidado de las hijas, el mensaje desde el COA fue contundente “Una vez que ingresan en el COA, ya no pueden salir así como así, esto no es un hotel”. A este mensaje le siguió un calendario de visitas que solo le permitía estar con ellas 45 minutos los lunes y jueves, no permitiendo además ningún contacto telefónico. Esta situación se iba agravando en el tiempo, ya que las hijas manifestaban encontrarse cada vez peor y además el centro no contaba con las condiciones adecuadas que necesitaba su hija menor, que además de sufrir Trastorno del Espectro Autista (TEA) con retraso psicomotor, sufre episodios de epilepsia y cuenta con un grado de discapacidad del 78%, todo ello provocó un retroceso en el proceso terapéutico de la niña.

En el mes de julio la madre se dio cuenta que las niñas estaban enfermando y pidió en reiteradas ocasiones que se les llevase a un centro médico, sin que se atiendiera su petición, hasta que el 30 de julio fueron trasladas a urgencias pediátricas, donde ambas quedaron ingresadas con un cuadro gastrointestinal e infección de varios virus, entre ellos cólera.

Las niñas estuvieron ingresadas y aisladas un total de 11 días y durante su ingreso el Gobierno decidió cesar la guarda provisional y devolver las niñas a su madre, con adopción de medidas desde los servicios sociales de referencia. Así, sin más explicación, la madre volvía a ser reconocida como tal, en mitad de un ingreso hospitalario de cuya causa nadie se hacía responsable. Nos indigna profundamente que se tuviera que esperar a que las niñas se encontraran en un estado de salud grave para devolverlas a su madre, haciendo caso omiso a todas las peticiones anteriores que hizo esta madre al Departamento, demostrando con informes médicos que su estado de salud había mejorado y se podía hacer cargo de ellas.

Tras recuperar la custodia de sus hijas, ahora ha decidido levantar de nuevo su voz para denunciar la situación de maltrato vivida, esta vez por parte de la Institución que la debía proteger y amparar. En primer lugar para hacer públicas las recomendaciones y recordatorio de deberes legales que el Defensor del Pueblo emitió el pasado 10 de octubre y a las que aún el Departamento aludido no ha dado respuesta, y en segundo lugar para emprender las acciones legales oportunas para exigir responsabilidades e intentar que nadie más vuelva a pasar por la pesadilla que atravesó durante meses. Hoy nos parece importante recordar estas recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo:

  • En primer lugar recuerda el deber legal de “velar de forma efectiva por el derecho a los menores a permanecer en sus familias”, en este caso específico, “el alta médica de la madre aconsejaba el cese de la medida de separación sin perjuicio de la posible continuidad del procedimiento de valorización”. Sin embargo, la familia sufrió casi tres meses separada, agravando con ello el perjuicio para la madre y sus hijas menores.
  • En segundo lugar, recomienda “analizar con profundidad la problemática de sobreocupación que hay en el Centro de Observación y Acogida (en este caso el COA de Beloso) que podría estar afectando a los menores atendidos” y la adopción de medidas para corregirlo.
  • La tercera recomendación se refiere a la afectación a la salud de las menores, pues ambas menores permanecieron y fueron recogidas del COA de Beloso en pésimas condiciones de salud, la pequeña fue infectada de cinco virus, entre ellas la bacteria de la cólera. La resolución es clara en el sentido de que las menores se infectaron en el COA y no en otro lugar. Razón que lleva al Defensor del Pueblo a solicitar que se garantice una atención adecuada. Es sabido que el cólera se transmite a través de las heces fecales que se estancan en el agua o en la comida preparada con falta de higiene.

Este relato comparte varias cuestiones de fondo con muchos otros que han pasado por nuestra organización y por tantos otros que inundan los informes y denuncias de asociaciones y colectivos de madres migrantes y de organizaciones como APRODEME (Asociación para la Defensa del Menor) o la Fundación Raíces, que coinciden en señalar el aumento del porcentaje de retirada de custodias basadas en decisiones administrativas de los servicios sociales bajo el argumento de «desamparo» del menor y no en decisiones judiciales. Es decir, que la Administración actúa como juez y parte, son responsables tanto de decidir la retirada de la custodia, a través de informes administrativos de los servicios sociales, como de determinar en la mayoría de los casos si se devuelve o no la custodia a los progenitores. También recuerdan que bajo el concepto de desamparo se incluyen cuestiones como ser hija/o de madre o padre de origen extranjero, o que los progenitores estén en situación administrativa irregular, formar parte de un núcleo monoparental, encontrarse en situación de dificultad económica o que el menor sea hijo/a de una mujer víctima de violencia de género, entre otras. La existencia de varios de estos factores condiciona en la práctica  la mirada y el juicio sobre los casos de desprotección, y desde la perspectiva del interés del menor, estas figuras adultas comienzan a deshumanizarse, poniéndo en sospecha las capacidades parentales. En palabras de la activista Paula Guerra: “motivos que obedecen a desigualdades racistas, clasistas y patriarcales, en lugar de subsanarse mediante cambios legislativos y planes de ayudas estatales y autonómicas, están derivando en una violencia más dolorosa todavía, como es la separación forzada de una familia, cuyas consecuencias pueden tener resultados dramáticos.”

Necesitamos visibilizar que esta mirada, atravesada por todos estos sesgos profundamente discriminatorios, existe y opera en todos los ámbitos y necesitamos con urgencia poder establecer mecanismos de protección frente a ella, especialmente en los casos en los que los protagonistas son menores, no podemos normalizar historias como esta ni encuadrarlas en malas praxis puntuales, cuando sabemos que se trata de cuestiones estructurales que generan un maltrato institucional con consecuencias irreparables.

Por eso, desde nuestra organización reclamamos a la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia que asuman las recomendaciones, establezca medidas verificables para llevarlas a cabo e informen sobre el motivo por el que las menores enfermaron. Reclamamos asimismo que revisen los protocolos y criterios establecidos para establecer la desprotección de menores, para que se respeten de manera íntegra los derechos fundamentales de menores y familias.

Por último invitamos a esta Subdirección a que revise y atienda a informes alternativos como el emitido por la Fundación Raíces ante el Comité de Derechos del Niño, sobre la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos Facultativos, en el que se recogen recomendaciones.

Mientras tanto, desde nuestra organización continuaremos vigilantes y atentas para articular respuestas ante las situaciones de discriminación y maltrato institucional, que sirvan para denunciar y acompañar a quienes se ven atravesadas por estas violencias.

SOS Racismo Navarra

13 de diciembre de 2024

2024ko apirilaren 11n, ama ospitalean ingresatu zuten, alaba adingabearen aitak egindako indarkeria matxista batzuen ondorioz larritasun handiko krisia izan zuelako, salatu eta administrazioak kasu horietarako aurreikusten dituen bide guztiak jarraitu ondoren.

Alta eman ziotenean, Administrazio honek bere bi alaben zaintza kendu ziola ikusi zuen. Sail arduradunak adierazi duenez, zaintza kentzearen arrazoia zen emakume horrek ez zuela neskatoen ardura har zezakeen familia-sarerik. Baina errealitatean ingreso hori aitzakia bihurtu zen adingabeen zaintza behin-behinean kentzeko, eta une horretatik aurrera Nafarroako Gobernuaren tutoretzapean geratu ziren Belosoko Behaketa eta Harrera Zentroan (BHZ).

Ospitaleko alta jaso ondoren, eta amaren erreferentziazko psikologoak egindako hainbat txostenen ondoren, non bere errekuperazioa eta alaben zaintzarako gaitasun osoa islatzen zen, BHZaren mezua irmoa izan zen: «Behin COAn sartuta, ezin dira atera horrela, hau ez da hotel bat».

Mezu horren ondoren, bisita-egutegi bat etorri zen, astelehen eta ostegunetan 45 minutuz bakarrik egon zitekeena haiekin, eta, gainera telefono bidezko kontakturik ez onartzerik. Egoera hori gero eta larriagoa zen; izan ere, alabak gero eta okerrago zeuden eta, gainera, zentroak ez zituen alaba gazteenak behar zituen baldintza egokiak. Izan ere, alaba honek Autismoaren Espektroko Nahasmendua (AEN) jasateaz gain, atzerapen psikomotorra du, epilepsia-gertakariak eta % 78ko desgaitasun-maila ditu. Horrek guztiak atzerapauso bat eragin zuen neskatoaren prozesu terapeutikoan.

Uztailean, ama konturatu zen neskatoak gaixotzen ari zirela, eta behin eta berriz eskatu zuen osasun-zentro batera eramateko, haien eskaera aintzat hartu gabe, uztailaren 30ean pediatriako larrialdietara eraman zituzten arte, eta han ospitaleratuta geratu ziren biak, urdail-hesteetako koadro batekin eta hainbat birusen infekzioarekin, kolera, besteak beste.

Neskatoak 11 egunez egon ziren ospitaleratuta eta isolatuta, eta Gobernuak behin-behineko zaintza bertan behera uztea eta neskatoak amari itzultzea erabaki zuen. Horretarako, erreferentziazko gizarte-zerbitzuek neurriak hartu zituzten. Horrela, azalpen gehiagorik gabe, ama berriz ere halakotzat hartzen zuten, ospitaleratze baten erdian, zeinaren ondorioz inor ez baitzen erantzule egiten. Biziki sumintzen gaitu neskatoak osasun-egoera larrian egon arte itxaron behar izateak amari itzultzeko, amak Sailari aurretik egindako eskaera guztiei jaramonik egin gabe, eta txosten medikoen bidez frogatuz haien osasun-egoerak hobera egin zuela arren eta haien kargu egin zitekeela.

Bere alaben zaintza berreskuratu ondoren, bere ahotsa berriro altxatzea erabaki du, bizi izandako tratu txarren egoera salatzeko, oraingoan hura lagundu eta  babestu behar zuen erakundeak. Lehenik eta behin, Arartekoak joan den urriaren 10ean eman zituen gomendioak eta lege-betebeharren gogorarazpena publiko egiteko, aipatutako Sailak oraindik ez baitie erantzun. Eta bigarrenik, legezko ekintza egokiak abiarazteko, erantzukizunak eskatzeko eta hilabeteetan zehar igaro zuen amesgaiztotik beste inor igaro ez dadin saiatzeko. Gaur garrantzitsua iruditzen zaigu Arartekoak emandako gomendio hauek gogoratzea:

  • Lehenik eta behin, «adingabeek beren familietan geratzeko duten eskubidea eraginkortasunez zaintzeko» legezko betebeharra gogorarazi du. Kasu zehatz horretan, «amaren alta medikoak banantze-neurria bertan behera uztea gomendatzen zuen, balorizazio-prozedurarekin jarraitzeko aukera alde batera utzi gabe». Hala ere, familiak ia hiru hilabete igaro zituen bananduta, eta horrek areagotu egin zuen amari eta alaba adingabeei egindako kaltea.
  • Bigarrenik, gomendatzen du «sakon aztertzea Behaketa eta Harrera Zentroan (kasu honetan, Belosoko BHZ) dagoen gainokupazio-arazoa, artatutako adingabeei eragiten baitie», eta arazo hori zuzentzeko neurriak hartzea.
  • Hirugarren gomendioa adingabeen osasunean izandako kalteari buruzkoa da; izan ere, bi adingabeak Belosoko BHZan osasun-baldintza negargarrietan, egoera berean Zentrotik jaso izan ziren, eta haurra bost birusez infektatu zuten, koleraren bakterioaz, besteak beste. Ebazpena argia da: adingabeak COAn infektatu ziren, eta ez beste nonbait. Hori dela eta, Arartekoak arreta egokia bermatzeko eskatzen du. Jakina da kolera gorozki fekalen bidez transmititzen dela, eta gorozkiak uretan edo prestatutako janarian geratzen direla, higiene faltarekin.

Kontakizun honek gure erakundetik igaro diren beste askorekin sakoneko hainbat gai partekatzen ditu. Eta baita ama migratzaileen elkarten eta kolektiboen (APRODEME Adingabearen Defentsarako Elkartea edo Raíces Fundazioa alegia) beste txosten eta salaketa  askorekin bat egiten dute ere. Erakunde horiek bat datoz adieraztean gizarte-zerbitzuetako administrazio-erabakietan oinarritutako zaintzak kentzearen ehunekoa handitu egin dela, adingabearen «babesgabetasuna» argudiatuz, eta ez erabaki judizialetan.

Hau da, Administrazioak epaile eta parte gisa jarduten du, eta ardura dute bai zaintza kentzea erabakitzeko, gizarte-zerbitzuen administrazio-txostenen bidez, nola kasu gehienetan gurasoei zaintza itzultzen zaien ala ez erabakitzeko. Halaber, gogorarazi dute babesgabeziaren kontzeptuaren barruan sartzen direla, besteak beste, ama edo aita atzerritarren seme-alaba izatea, edo gurasoak administrazio-egoera irregularrean egotea, guraso bakarreko nukleoa izatea, zailtasun ekonomikoko egoeran egotea edo adingabea genero-indarkeriaren biktima den emakume baten semea edo alaba izatea.

Faktore horietako batzuk izateak praktikan baldintzatu egiten ditu babesgabetasun-kasuei buruzko begirada eta iritziak. Eta adingabearen interesaren ikuspegitik, pertsona heldu horiek gizatasuna galtzen hasten dira, gurasoen gaitasunak susmopean jarriz. Paula Guerra aktibistaren hitzetan: «Desberdintasun arrazista, klasista eta patriarkalen ondorio diren arrazoiak, lege-aldaketen eta estatuko eta autonomietako laguntza-planen bidez konpondu beharrean, are indarkeria mingarriagoa eragiten ari dira. Hau da, familia baten banaketa behartua, eta horren ondorioek emaitza dramatikoak izan ditzakete».

Ikuspegi hori, erabat diskriminatzaileak diren joera horiek guztiek zeharkatzen dutena, eremu guztietan existitzen dela eta jarduten duela ikusarazi behar dugu. Eta premiaz behar dugu haren aurkako babes-mekanismoak ezarri ahal izatea, bereziki protagonistak adingabeak diren kasuetan. Horrela, ezin ditugu horrelako istorioak normalizatu, ezta praxi puntual txarretan kokatu ere, badakigunean tratu txar instituzionalak eragiten dituzten eta ondorio konponezinak dituztela egiturazko gaiak direla

Horregatik, gure erakundeak Haurren, Nerabeen eta Familiaren Zuzendariordetzari eskatzen diogu ez solik Arartekoak emandako gomendioak hartzeko neurri egiaztagarriak ezar ditzala, baita adingabeen babesgabetasuna finkatzeko ezarritako protokoloak eta irizpideak berrikustea eta adingabeen eta familien oinarrizko eskubideak osorik errespeta daitezen ere. Honako hau gomendatzen diogu Zuzendariordetza honi: Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioaren eta haren Hautazko Protokoloen aplikazioari buruz Raíces Fundazioak Haurraren Eskubideen Batzordearen aurrean egindako txosten alternatiboak, esaterako, berrikustea.

Bitartean, gure erakundean erne eta adi jarraituko dugu, diskriminazio eta tratu txar instituzionalaren aurrean erantzunak artikulatzeko, indarkeriak salatzeko eta indarkeria horiek jasaten dituztenei laguntzeko.

Nafarroako SOS Arrazakeria

2024ko abenduaren 12a

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