(ES-EUS) Las entidades sociales abajo firmantes denunciamos que, según estimaciones del propio Ayuntamiento de Pamplona remitidas al Defensor del Pueblo, ante la inexistencia de un censo oficial, entre 150 y 200 personas viven y duermen en la calle en pleno invierno en una ciudad que presume de ser la primera de Europa en calidad de vida. – Behean sinatzen dugun gizarte-erakundeok salatzen dugu Iruñeko Udalak berak Herriaren Defendatzaileari bidalitako estimazioen arabera —errolda ofizialik ez dagoelako— 150 eta 200 pertsona artean bizi eta lo egiten dutela kalean negu betean, bizi-kalitatean Europako lehen hiria dela harrotzen den hiri batean.
Esta situación no es fruto del azar, sino de la combinación de los límites estructurales de la política institucional y de una falta sonrojante de voluntad por parte del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona.
Esta realidad se ha agravado especialmente los días 4, 5 y 6 de enero, cuando las temperaturas llegaron a descender hasta los -5ºC, con una sensación térmica de hasta -8ºC. La exposición prolongada al frío extremo tiene consecuencias directas y graves sobre la salud y la vida de las personas sin hogar: aumento de hipotermias, agravamiento de patologías crónicas, problemas respiratorios, mayor vulnerabilidad frente a infecciones y un riesgo real de muerte evitable. No se trata de administrar una situación incómoda, sino de hacer frente a una emergencia humanitaria que exige una respuesta inmediata y proporcional a su gravedad.
En este contexto, recursos pensados para la intervención social, el acompañamiento o la inclusión se ven obligados a reconvertirse en dispositivos de emergencia improvisados, sin medios ni garantías suficientes. Esto ocurre porque el Ayuntamiento no está asumiendo su responsabilidad de garantizar un alojamiento estable y de calidad en situaciones de emergencia climática.
Esta situación está provocando una sobrecarga inasumible en las entidades sociales, que ven cómo se tensiona de manera permanente su funcionamiento cotidiano para suplir la insuficiencia de las administraciones públicas. Se trata, en la práctica, de una externalización encubierta de funciones públicas, mediante la cual el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra trasladan de facto a las entidades sociales la responsabilidad de garantizar derechos básicos.
Ante esta dejación de responsabilidades, en particular por parte del Ayuntamiento de Pamplona, resulta inadmisible e insultante que el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, y el director de Acción Social, Rubén Unanua, hayan ofrecido una rueda de prensa haciendo gala de su gestión del sinhogarismo. Es cierto que se han aumentado las plazas de alojamiento y comedor, pero también lo es que el número de personas sin hogar ha crecido en mayor proporción, de modo que, año tras año, los recursos siguen siendo insuficientes y, en consecuencia, el número de personas en situación de calle va en aumento. Es decir, se está abordando la situación actual bajo parámetros y esquemas correspondientes a 2022, lo que evidencia una falta de adecuación a una realidad que se ha transformado de manera profunda y sostenida en el tiempo. En definitiva, una gestión insuficiente a rebufo de una insuficiencia cronificada.
Ahora bien, esta insuficiencia no puede explicarse únicamente en términos de desidia, dejación o falta de voluntad individual de los responsables políticos. Lo que estamos presenciando es también el agotamiento histórico y político de un determinado modelo de gestión de corte progresista, que se muestra incapaz de garantizar de forma efectiva derechos básicos en un contexto de creciente precarización, desigualdad y exclusión. Los límites de ese proyecto son hoy evidentes, y su insuficiencia no es coyuntural sino estructural. De hecho, esta lógica de gestión limitada y administrada de la emergencia se ha vuelto a poner de manifiesto en estos días de temperaturas extremas.
Ante la bajada excepcional de las temperaturas, el Ayuntamiento ha activado un recurso extraordinario de únicamente 30 plazas, destinado además exclusivamente a personas previamente registradas en los servicios municipales, sin que se haya informado de su existencia ni a las entidades sociales ni al propio Servicio de Información y Orientación Básica (SIOB). Esta actuación no es una excepción, sino la expresión concreta de lo que se prevé en la reciente licitación adjudicada a Cruz Roja para la gestión de la emergencia (lote 3), que contempla la activación, incluso en situaciones extremas, de un máximo de 40 plazas. Es decir, con independencia del número real de personas que permanezcan en situación de calle, el propio diseño del dispositivo institucional asume de antemano que no se atenderá a más de 40 personas.
Frente a un marco institucional que ha demostrado reiteradamente su incapacidad para dar respuestas proporcionales a la gravedad de la situación, no cabe sino la movilización social, la denuncia pública y la presión política sostenida para forzar la ampliación efectiva de derechos y la adopción de medidas que no se conceden de forma espontánea. Los derechos no se mendigan ni se gestionan: se conquistan.
En este sentido, resulta especialmente grave la contradicción entre el discurso público autocomplaciente de determinados responsables políticos y la realidad material que viven las personas sin hogar, particularmente la juventud en situación de calle. Mientras se exhiben datos y balances, la Policía Municipal continúa persiguiendo, desplazando y hostigando a jóvenes que no tienen alternativa habitacional, criminalizando su mera existencia en el espacio público al tiempo que se les abandona institucionalmente. Esta combinación de retórica progresista, insuficiencia estructural y prácticas punitivas y racistas configura una forma especialmente perversa de violencia institucional, que no solo no resuelve el problema del sinhogarismo, sino que lo agrava y lo cronifica.
Por todo ello, aun siendo conscientes de que estas medidas no resuelven las causas estructurales del sinhogarismo ni los límites del actual modelo de intervención, exigimos al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona un plan de choque inmediato que garantice el alojamiento y la manutención de todas las personas sin hogar en un espacio residencial de calidad y estable. Se trata de una exigencia mínima e inaplazable para evitar daños mayores y muertes evitables, no de una solución definitiva. Al mismo tiempo, llamamos a la organización colectiva, a la movilización social y a la articulación de alianzas amplias que permitan sostener en el tiempo la presión política necesaria para la ampliación efectiva de derechos y la transformación de las políticas públicas en este ámbito.
Queremos finalizar recordando las palabras del alcalde Joseba Asirón: «mientras haya una sola persona que está durmiendo todavía al aire libre, no tenemos nada que celebrar y nada de lo que sacar pecho». Esta situación interpela directamente a todos los partidos que conforman el actual equipo de gobierno, especialmente a aquellos que en el pasado pronunciaron frases o promovieron políticas de expulsión y exclusión claramente incompatibles con la defensa de los derechos humanos, y que hoy deberían actuar con mayor prudencia y coherencia antes de reivindicar una gestión que sigue dejando a personas durmiendo en la calle.
Egoera hau ez da zoriaren ondorio, baizik eta politika instituzionalaren muga estrukturalen eta Nafarroako Gobernuaren zein Iruñeko Udalaren borondate faltaren konbinazio lotsagarriaren emaitza.
Egoera hau bereziki larritu da urtarrilaren 4an, 5ean eta 6an, tenperaturak -5ºC-ra jaitsi zirenean eta sentsazio termikoa -8 ºC-raino iritsi zenean. Hotz muturrekoarekiko esposizio luzeak ondorio zuzen eta larriak ditu etxerik gabeko pertsonen osasunean eta bizitzan: hipotermien igoera, patologia kronikoen larriagotzea, arnas-arazoak, infekzioen aurrean ahultasun handiagoa eta heriotza saihesteko moduko baten arrisku erreala. Ez da egoera deseroso bat “kudeatzea”, baizik eta bere larritasunari proportzionalki erantzungo dion larrialdi humanitario bati aurre egitea.
Testuinguru honetan, esku-hartze sozialerako, laguntzarako edo inklusiorako pentsatutako baliabideak behartuta daude inprobisatutako larrialdi-gailu bihurtzera, baliabiderik eta bermerik gabe. Hori gertatzen da Udalak ez duelako bere gain hartzen klima-larrialdiko egoeretan kalitatezko eta egonkorra den ostatu bat bermatzeko duen erantzukizuna.
Egoera honek gainkarga jasanezina eragiten die gizarte-erakundeei, administrazio publikoen hutsunea estaltzeko euren eguneroko funtzionamendua etengabe tenkatu behar dutelako. Praktikan, funtzio publikoen azpikontratazio estalia da, non Iruñeko Udalak eta Nafarroako Gobernuak oinarrizko eskubideak bermatzeko ardura gizarte-erakundeen gain uzten duten.
Erantzukizun-utzikeria honen aurrean, bereziki Iruñeko Udalaren aldetik, onartezina eta iraingarria da Gizarte Ekintzako zinegotzi ordezkariak, Txema Mauleónek, eta Gizarte Ekintzako zuzendariak, Rubén Unanuak, prentsaurrekoa eman izana etxerik gabekoen inguruko kudeaketa goretsiz. Egia da ostatuko eta jantokiko plazak handitu direla, baina egia da ere etxerik gabeko pertsonen kopurua proportzio handiagoan hazi dela; hortaz, urtez urte baliabideak ez dira nahikoak eta, ondorioz, kale-egoeran dauden pertsonen kopurua handitzen ari da. Hau da, egoera 2022ko parametro eta eskemekin ari dira lantzen, eta horrek erakusten du errealitate sakonki eta modu jarraituan aldatu den batera egokitzeko ezintasun nabarmena dagoela. Azken batean, gutxiegitasun kronifikatu baten atzetik doan kudeaketa eskasa.
Hala ere, gutxiegitasun hau ezin da soilik arduradun politikoen utzikeriaren edo borondate faltaren bidez azaldu. Ikusten ari garena kudeaketa-eredu jakin baten agortze historiko eta politikoa da, izaera progresistakoa, baina gero eta prekarizazio, desberdintasun eta bazterketa handiagoko testuinguru batean oinarrizko eskubideak modu eraginkorrean bermatzeko gai ez dena. Proiektu horren mugak agerikoak dira gaur egun, eta bere eskasia ez da aldi baterakoa, estrukturala baizik.
Izan ere, larrialdiaren kudeaketa mugatu eta administratu honen logika berriro agerian geratu da egun hauetako tenperatura muturrekoekin. Tenperaturaren jaitsiera bereziaren aurrean, Udalak soilik 30 plazako baliabide berezi bat aktibatu du, gainera aurrez udal-zerbitzuetan erregistratutako pertsonentzat bakarrik, eta haren berri ez zaie eman ez gizarte-erakundeei ez eta Oinarrizko Informazio eta Orientazio Zerbitzuari (SIOB) ere. Jarduera hau ez da salbuespena, baizik eta Gurutze Gorriari larrialdiaren kudeaketarako esleitutako lizitazio berrian (3. lotea) aurreikusitakoaren adierazpen zehatza: egoera muturretan ere gehienez 40 plaza aktibatzea. Hau da, kalean dauden pertsonen benetako kopurua gorabehera, gailu instituzionalaren diseinuak berak aurrez onartzen du 40 pertsona baino gehiago ez direla artatuko.
Egoeraren larritasunari proportzionalki erantzuteko gai ez dela behin eta berriro frogatu duen marko instituzional baten aurrean, ezinbestekoa da mobilizazio soziala, salaketa publikoa eta presio politiko iraunkorra, eskubideen benetako zabalkuntza eta neurri eraginkorrak lortzeko. Eskubideak ez dira eskatzen ezta kudeatzen ere: borrokatuz lortzen dira.
Ildo horretan, bereziki larria da zenbait arduradun politikoren diskurtso publiko autokonplazentearen eta etxerik gabeko pertsonek —bereziki kale-egoeran dagoen gazteriak— bizi duten errealitate materialaren arteko kontraesana. Datuak eta balantzeak erakusten diren bitartean, Udaltzaingoak jarraitzen du alternatiba habitazionalik ez duten gazteak jazartzen, lekualdatzen eta gogaitzen, espazio publikoan egote hutsa kriminalizatuz eta, aldi berean, instituzionalki abandonatuz. Erretorika progresista, gutxiegitasun estruktural eta praktika zigortzaile eta arrazisten konbinazio honek indarkeria instituzional bereziki maltzur bat eratzen du, eta horrek ez du etxerik gabekoen arazoa konpontzen, baizik eta larriagotu eta kronifikatu egiten du.
Horregatik guztiagatik, neurri hauek etxerik gabekoen kausa estrukturalak konpontzen ez dituztela eta egungo esku-hartze ereduaren mugak gainditzen ez dituztela jakinda ere, Nafarroako Gobernuari eta Iruñeko Udalari berehalako talka-plan bat exijitzen diegu, etxerik gabeko pertsona guztientzat kalitatezko eta egonkorra den bizitegi-espazio batean ostatua eta mantenua bermatuko dituena. Kalte handiagoak eta saihestu daitezkeen heriotzak ekiditeko gutxieneko eta atzeraezinezko eskakizuna da hau, ez behin betiko irtenbidea. Aldi berean, antolakuntza kolektiborako, mobilizazio sozialerako eta aliantza zabalak artikulatzeko deia egiten dugu, eskubideen benetako zabalkuntza eta politika publikoen eraldaketa ahalbidetuko duen presio politikoa denboran mantentzeko.
Amaitzeko, Joseba Asirón alkatearen hitzak gogorarazi nahi ditugu: «kalean oraindik pertsona bakar bat ere lo egiten ari den bitartean, ez dugu ezer ospatzeko eta ez dugu ezerz harrotzeko». Egoera honek zuzenean interpelatzen ditu egungo gobernu-taldea osatzen duten alderdi guztiak, bereziki iraganean giza eskubideen defentsarekin bateragarriak ez ziren kanporatze eta baztertze politikak bultzatu edo adierazpenak egin zituztenak; gaur egun, berriz, zuhurtziaz eta koherentziaz jokatu beharko lukete, kalean pertsonak lo egiten jarraitzen duen kudeaketa bat aldarrikatu aurretik.
Firman: Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, Derecho a Techo, PIM (Punto de Información para personas Migrantes), Apoyo Mutuo, Kontseilu Sozialista Iruñerria, SOS Racismo Nafarroa.
