El Secretario de la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español, Mikel Mazkiaran, declaró este viernes que “la denuncia de los asesinatos (en EEUU) no hubiese sido posible en España como consecuencia de la ‘ley mordaza’”, en alusión a la muerte esta semana de los ciudadanos negros Philando Castile y Alton Sterling a manos de policías blancos. [su_spacer size=»15″]
Mazkiaran realizó estas declaraciones a raíz de los sucesos registrados en Estados Unidos después de que agentes de policía hayan matados a dos hombres negros esta semana, provocando una ola de protestas y violencia que de momento se ha saldado con cinco policías muertos en Dallas.[su_spacer size=»15″]
Para el Secretario de SOS Racismo, “lo que reflejan estos hechos es que el problema de la discriminación racial es un problema no resuelto”, aunque también destacó que ”hay que fijarse en otra problemática que se produce en Estados Unidos, que es la violencia policial”.[su_spacer size=»15″]
Asimismo, hizo hincapié en “la influencia que las redes sociales tienen, porque no olvidemos que estos dos homicidios han sido registrados a través de teléfonos móviles”, algo que no hubiese sido posible en España “teniendo en cuenta la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana”, que prohíbe la difusión de imágenes de los agentes de Policía si pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar del agente. [su_spacer size=»15″]
“Tenemos que afrontarlo como un toque de atención sobre qué estamos haciendo y qué se está realizando por parte de las instituciones europeas para combatir el racismo y la discriminación racial”, agregó, porque “no es un buen ejemplo que tengamos a personas en las puertas de Europa, les saquemos de manera inhumana”, mientras a la vez se lanza “un mensaje de preocupación sobre combatir actos de discriminación”. [su_spacer size=»15″]
Por último, Mazkiaran destacó que “sin las redes sociales no se habría conocido cómo actúan las fuerzas policiales”, porque “las actuaciones discriminatorias por parte de la policía son muy difíciles de probar si no existen esos documentos sonoros o de vídeo”, ya que “hay una presunción de veracidad por parte del agente” que supone “un escollo fundamental a la hora de poder probar que se ha sufrido una discriminación”.
