SOS Racisme Catalunya: El incendio del Gorg; consecuencia del racismo institucional

Ayer fuimos a dormir con la angustia y la rabia de ver que las llamas que devoraban una nave industrial podían acabar con la vida de personas que se han visto excluidas de todo.

Pero por qué llegamos a este punto?

Estos horribles acontecimientos son una consecuencia directa de un sistema capitalista, clasista y racista que vulnera los derechos económicos, sociales, culturales de las personas migradas. Todos derechos que las instituciones de todo nivel, municipales, autonómicas, estatales vulneran sistemáticamente. Los hechos sucedidos esta noche son la consecuencia de haber privado a todas estas personas de derechos fundamentales como: el derecho a una vivienda digna, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etc. Estas violaciones conducen no sólo a situaciones de pobreza o de exclusión social sino también a la la pérdida de la dignidad humana. Es obligación y deber de las administraciones respetar, proteger y garantizar el acceso a estos derechos.

Señalemos como cómplices a los responsables de las administraciones. En primer lugar, el Ayuntamiento de Badalona y su alcalde Xavier García Albiol pcomo promotores de discursos de odio y xenofobia hacia una parte de la población, desviando el foco de atención (cuando hay vidas humanas en juego) hacia al incivismo y la supuesta delincuencia. También por liderar una política racista que niega los derechos más básicos, el padrón, a la atención social o a una vivienda digna.

A la Generalitat de Catalunya por la falta de políticas que garanticen el acceso a una vivienda para todas las vecinas y por el colapso de la mesa de emergencia.

Al estado español por negarse a regularizar las personas en situación administrativa irregular, incluso en mitad de una pandemia, aumentando la exclusión de miles de personas.

Denunciamos el racismo institucional

Las políticas migratorias estatales y europeas empujan a muchas personas a la irregularidad, a la precariedad, a la exclusión, al acoso policial en los espacios públicos, a la explotación laboral y el constante peligro de la deportación, previo paso por el CIE o siendo víctima de una deportación exprés, sin ninguna garantía jurídica. La violencia del aparato deportador, las trabas burocráticas para conseguir regularizar la situación y la constante criminalización de la migración nos permiten afirmar que vivimos en una sociedad estructuralmente racista.

No permitiremos la victimización y criminalización de estas personas que son permanentemente excluidas y que ni en los momentos de urgencia se tienen en cuenta sus necesidades vitales. Se proponen soluciones que nunca serían aceptables para personas blancas pero que parecen ser la única opción para las personas migrantes.

Es urgente que las administraciones reconozcan primero el racismo como uno de los factores principales que impiden el acceso a los derechos más básicos, y que trabajen en desarrollar políticas públicas efectivas para todas las personas, independientemente de su origen o su situación administrativa.

Denunciamos la precariedad habitacional

No tener un hogar digno y estable es una vulneración de derechos. La Estrategia integral para el abordaje e implementación del sinhogarismo en Cataluña, que aún está pendiente de aprobación y puesta en marcha, hablaba en 2017 de más de 53.000 personas en esta situación. La problemática se agrava y no hay una perspectiva optimista, porque no hay ni consenso ni compromiso de las diferentes administraciones públicas para combatir esta injusticia.

El acceso y el disfrute de la vivienda deben ser contemplados como derechos esenciales de todas las personas, pero la administración prioriza los intereses de las grandes corporaciones capitalistas por encima de la lógica de la protección social. Según la Agencia de Vivienda de Cataluña, las entidades bancarias y fondos de inversión son propietarias de 30.000 viviendas vacías. Mientras tanto, los desahucios se ejecutan diariamente y los medios de comunicación ponen el foco mediático en los empleos, criminalizándolas, en lugar de abordar la problemática con toda su complejidad y señalar todos los factores estructurales que la provocan.

Se criminaliza a personas que ven vulnerados sus derechos y dignidad. Familias enteras, que no sólo sufren la condición de inestabilidad, sino que además son estigmatizadas y excluidas de la sociedad: son señalados en la escuela, son acusados ​​por los vecinos, salen en la televisión como criminales para intentar vivir en condiciones mínimas de habitabilidad.

Se condena a padres y madres por el hecho de intentar dar a sus hijos condiciones para su desarrollo, olvidando la responsabilidad de las instituciones de dar condiciones de vida, salud, educación, trabajo y dignidad para todos tal como se expresa en la Declaración universal de Derechos Humanos.

Vivir con dignidad no es sufrir constantemente una falta de recursos o el riesgo de ser desalojados o afectados por un incendio.

El derecho al libre desarrollo de la persona no se puede llevar ejercer si no se dispone de un lugar digno en el residir y la única alternativa es esperar el día del próximo desahucio.

Una vida digna no puede ser discriminada: no toleramos que se señale a los niños, niñas, padres y vecinos, por las condiciones de su vivienda, especialmente cuando el artículo 25 de esta Declaración de Derechos confiere un derecho a la vivienda violado en este y otros muchos casos.

Por eso denunciamos que el crimen no es en vivir en un lugar que cae, es no tener otro lugar para ir.

Desde hace años el Movimiento Popular de la Vivienda lucha en la calle con campañas como la Obra Social y promueve leyes para solucionar la emergencia habitacional que padecemos (24/2015 RD 1/2019 11/2020 …), pero no sólo no se están cumpliendo, sino que día a día hay más personas condenadas al sinhogarismo tras sufrir desahucios. Es urgente situar el derecho a la vivienda como punto de partida y desarrollar mecanismos para que nadie pierda su casa. Y no sólo eso, actualmente no hay suficientes plazas en pisos de emergencia ni albergues para acoger a las personas que no tienen alternativa habitacional; los dispositivos de urgencia, abiertos para la pandemia del Covin-19, evidencian que se actúa con respuestas temporales a corto plazo. Es necesaria una estrategia conjunta para afrontar el sinhogarismo más allá de los tiempos de crisis.

Para evitar situaciones como la de ayer, la vivienda tiene que dejar de ser una mercancía.

Denunciamos la pobreza energética

Según algunas informaciones, el fuego podría tener su origen en una vela. Las entidades que trabajamos para la erradicación de la pobreza energética llevamos años denunciando la inseguridad que sufren las personas que, por su situación de precariedad, se ven forzadas a ocupar para acceder a una vivienda o, en este caso, a un techo.

El acceso a los suministros debe ser universal y sin excepciones. Exigimos que la administración garantice los derechos básicos de todas las vecinas y establezcan protocolos para que los colectivos más vulnerables puedan acceder a sus suministros de forma regular, sea cual sea su situación dentro del inmueble. Asimismo es necesario que la Generalitat obligue lo antes posible a su cuerpo de Bomberos el largamente reclamado protocolo de detección de casos de pobreza energética. Mientras no se lleven a cabo acciones contundentes en este sentido, seguiremos viendo muertos en nuestros barrios y pueblos. Unas personas muertas con responsables directos.

Derechos humanos como privilegio

Hoy, Día internacional de los Derechos Humanos, contemplamos una vez más como estos han dejado de ser universales para convertirse en un privilegio que se otorga en función del cumplimiento de unas normas sociales y/o del encaje de la persona en en unas determinadas clasificaciones económicas, sociales y culturales.

Denunciamos el racismo institucional, la precariedad habitacional, la exclusión social y la criminalización de las personas migradas. Con la tristeza y la indignación ante una tragedia que como la de Badalona, mañana puede darse en cualquier otro municipio de Cataluña, del estado o del mundo; pero con la solidaridad y el apoyo mutuo en primer plano para las personas que estaban en la nave incendiada y para que nunca más nadie tenga que sufrir situaciones como ésta,

Las organizaciones firmantes, exigimos a los poderes públicos:

• Regularización de todas las personas en situación administrativa irregular.
• Garantizar el acceso a los derechos básicos: Padrón, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, etc.
• Garantizar la tutela y el apoyo a la juventud migrante hasta su autonomía.
• Tomar medidas para hacer realidad los compromisos adquiridos por parte de las instituciones municipales y autonómicas por el cierre de los CIE, el fin de las identificaciones ilegales por perfil racial y de las deportaciones forzosas.
• Asegurar el derecho de todas las personas al acceso y disfrute de una vivienda digna. Desarrollar herramientas efectivas para combatir las diferentes formas de discriminación racista, directa e indirecta.
• Garantizar el acceso universal a los suministros básicos para toda la ciudadanía implementando protocolos que permitan la instalación de instalación de contadores sociales de agua, luz y gas en situaciones de empleo en precario
• Evitar situaciones como la de ayer. La vivienda no puede ser una mercancía.
• Crear un protocolo de detección de pobreza energética en el que intervengan el cuerpo de Bomberos de la Generalitat, el Departamento de Interior y el de Asuntos Sociales y Familia tal como reclaman las organizaciones sociales.

Ahir vam anar a dormir amb l’angoixa i la ràbia de veure com les flames a una nau industrial podien acabar amb vides de persones que s’han vist excloses de tot plegat.

Però per què arribem a aquest punt?

Aquests horribles esdeveniments són una conseqüència directa d’un sistema capitalista, classista i racista que vulnera els drets econòmics, socials, culturals de les persones migrades. Tot plegat, drets humans que les institucions de tot nivell, municipals, autonòmiques, estatals, han vulnerat i vulneren sistemàticament. Els fets succeïts aquesta nit són la conseqüència d’haver privat a totes aquestes persones de drets fonamentals com: el dret a un habitatge digne, el dret a la seguretat social, el dret al treball, el dret a la salut, etc. La violació que condueix a situacions de pobresa o d’exclusió social i naturalment a la pèrdua de la dignitat humana. És obligació i deure de les administracions respectar, protegir i garantir l’accés a aquests drets.

Assenyalem també com a còmplices necessaris, per acció o omissió, els responsables de les administracions. En primer lloc, a l’Ajuntament de Badalona i al seu alcalde Xavier García Albiol per promoure els discursos d’odi i la xenofòbia envers una part de la població, desviant el focus d’atenció (quan hi ha vides humanes en joc) cap a l’incivisme i la suposada delinqüència, i per liderar una política racista que nega els drets més bàsics, al padró, a l’atenció social o a un habitatge digne.

A la Generalitat de Catalunya per la manca de polítiques que garanteixin l’accés a un habitatge per a totes les veïnes i pel col·lapse de la mesa d’emergència.

A l’Estat espanyol per negar-se a regularitzar les persones en situació administrativa irregular, fins i tot enmig d’una pandèmia, excloent i deixant encara més enrere milers de persones.

Denunciem el racisme institucional

Les polítiques estatals i europees migratòries i la Llei d’Estrangeria empenyen a moltes persones a la irregularitat, a la precarietat, a l’exclusió, a l’assetjament policial als espais públics, a l’explotació laboral i al constant perill de la deportació, previ pas pel CIE o sent víctima d’una deportació exprés, sense cap garantia jurídica. La violència de l’aparell deportador, les traves burocràtiques per aconseguir regularitzar la situació i la constant  criminalització de la migració ens permeten afirmar que vivim en una societat estructuralment racista.

No permetrem la victimització i criminalització d’aquestes persones que són permanentment excloses i que ni en els moments d’urgència es tenen en compte les seves necessitats vitals. Es proposen solucions que mai no serien acceptables per a persones blanques però que sembla que siguin l’única opció per a les persones migrants.

És urgent que les administracions reconeguin primer el racisme com un dels factors principals que impedeixen l’accés als drets més bàsics, i que treballin en desenvolupar polítiques públiques efectives per a totes les persones, independentment del seu origen o la seva situació administrativa.

Denunciem la precarietat habitacional

No tenir una llar digna i estable és una vulneració de drets. L’Estratègia integral per a l’abordatge i implementació del sensellarisme a Catalunya, que encara està pendent d’aprovació i implementació, parlava el 2017 de més de 53.000 persones en aquesta situació. La problemàtica s’agreuja i no hi ha una perspectiva optimista, perquè no hi ha cap consens de llarga durada ni compromís ferm dels diferents administracions públiques per combatre aquesta injustícia.

L’accés i el gaudi de l’habitatge han de ser contemplats com a drets essencials de totes les persones, però l’administració prioritza els interessos de les grans corporacions capitalistes per sobre de la lògica de la protecció social. Segons l’Agència d’Habitatge de Catalunya, les entitats bancàries i fons d’inversió són propietàries de 30.000 habitatges buits. Mentrestant, els desnonaments s’executen diàriament i els mitjans de comunicació posen el focus mediàtic en les ocupacions, criminalitzant-les, enlloc d’abordar la problemática amb tota la seva complexitat i assenyalar tots els factors estructurals que la provoquen.

Es criminalitza a persones que veuen vulnerats els seus drets i dignitat. Famílies senceres, que no només pateixen la condició d’inestabilitat, sinó que a més son estigmatitzades i excloses de la societat des dels seus més petits racons: són assenyalats a l’escola, són acusats pels veïns, surten a la televisió com a criminals per intentar viure en condicions mínimes d’habitabilitat.

Es condemna a pares i mares pel fet d’intentar donar als seus fills condicions pel seu desenvolupament, oblidant la responsabilitat de les institucions de donar condicions de vida, salut, educació, treball i dignitat per a tothom tal com s’expressa en la Declaració Universal de Drets Humans.

Viure amb dignitat no és patir constantment d’una manca de recursos o del risc de ser desallotjats o afectats per un incendi.

El dret al lliure desenvolupament de la persona no es pot dur a terme si s’ha d’anar d’assentament en assentament, esperant el dia del proper desnonament.

Una vida digna no pot ser discriminada: no tolerem el fet que s’assenyali als nens, nenes, pares, veïnes, per les condicions del seu habitatge, especialment quan l’article 25 d’aquesta Declaració de Drets confereix el dret a l’habitatge que veiem violat en aquest i altres molts casos.

Per això denunciem que el crim no és en viure en un lloc que cau, és no tenir un altre lloc per anar-hi.

Des de fa anys el Moviment Popular de l’Habitatge lluita al carrer amb campanyes com l’Obra Social i promou lleis per solucionar l’emergència habitacional que patim (24/2015 RD 1/2019 11/2020…), però no s’estan complint, abocant a milers de persones al sensellarisme després de patir desnonaments. És urgent situar el dret a l’habitatge com a punt de partida i desenvolupar mecanismes perquè ningú perdi casa seva. I no només això, actualment no hi ha prou places en pisos d’emergència ni albergs per acollir les persones que no tenen alternativa habitacional i els dispositius d’urgència, oberts per exemple per la pandèmia de la Covid-19, evidencien que sovint s’actua amb respostes temporals i a curt termini. Cal una estratègia conjunta per afrontar el sensellarisme més enllà dels temps de crisi i els recursos d’emergència.

Per evitar situacions com la d’ahir, l’habitatge ha de deixar de ser una mercaderia.

Denunciem la pobresa energètica

Segons algunes informacions, el foc podria tenir el seu origen en una espelma que hauria caigut dins la nau. Les entitats que treballem per l’eradicació de la pobresa energètica portem anys denunciant la inseguretat que pateixen les persones que, per la seva situació de precarietat, es veuen forçades a ocupar per accedir a un habitatge o, en aquest cas, a un sostre.

L’accés als subministraments ha de ser universal i sense excepcions. Exigim que les administracions garanteixin els drets bàsics de totes les veïnes i estableixin protocols perquè els col·lectius més vulnerabilitzats puguin accedir als seus subministraments de forma regular, sigui quina sigui la seva situació dins de l’immoble. Alhora cal que la Generalitat estableixi el més aviat possible al seu cos de Bombers el llargament reclamat protocol de detecció de casos de pobresa energètica. Mentre no es duguin a terme accions contundents en aquest sentit, seguirem veient morts als nostres barris i pobles. Unes morts, per tant, que tenen responsables directes.

Drets humans com a privilegi

Avui, Dia internacional dels Drets Humans, contemplem un cop més com aquests han deixat de ser universals per convertir-se en un privilegi. En un premi que s’atorga a discreció segons el seguiment d’unes suposades normes socials o si s’encaixa dins d’unes determinades classificacions econòmiques, socials i culturals.

Denunciem el racisme institucional, la precarietat habitacional, l’exclusió social i la criminalització de les persones migrades. Amb la tristesa i la indignació davant la tragèdia que s’ha viscut aquesta nit a Badalona, que demà pot ser en qualsevol altre municipi de Catalunya, de l’estat o del món; però amb la solidaritat i el suport mutu en primer pla per a les persones que eren a la nau incendiada i per tal que mai més ningú hagi de patir situacions com aquesta,

Les organitzacions signants, exigim als poders públics:

• Regularització de totes les persones en situació administrativa irregular.
• Garantir l’accés als drets bàsics: Padró, habitatge, sanitat, educació, serveis socials, etc.
• Garantir la tutela i el suport al jovent migrant fins a la seva autonomia.
• Prendre mesures per fer realitat els compromisos adquirits per part de les institucions municipals i autonòmiques pel tancament dels CIE, la fi de les identificacions il·legals per perfil racial i de les deportacions forçoses.
• Assegurar el dret de totes les persones a l’accés i gaudi d’un habitatge digne i desenvolupar eines efectives per combatre les diferents formes de discriminacions racistes, directes i indirectes
• Garantir l’accés universal als subministraments bàsics per a tota la ciutadania implementant protocols que permetin la instal·lació de comptadors socials d’aigua, llum i gas en situacions d’ocupació en precari
• Per evitar situacions com la d’ahir, l’habitatge ha de deixar de ser una mercaderia.
• Establir un protocol de detecció de casos de pobresa energètica en el cos de Bombers de la Generalitat coordinat entre el Departament d’Interior i el d’Afers Socials i Família tal i com porten reclamant les organitzacions socials desde fa anys