Son las 9 de una mañana de primavera de 2011. José, boliviano, vuelve de una fiesta con su hermano pequeño; tiene 18 años recién cumplidos. Lleva viviendo –y estudiando– en España casi 10 años, pero en ese momento carece de permiso de residencia. Entrando al metro la policía le pide la documentación y, ante la negativa de él, lo lleva detenido. Ese mismo día recibe una carta de expulsión, un documento que lo convierte en susceptible de ser deportado en cualquier momento. Normalmente, en el momento de recibir la carta, el interesado cuenta con dos meses para presentar un recurso contencioso, pero el documento que recibe José lleva un nombre equivocado, y su abogada le aconseja no tomar ninguna medida debido al error.
A partir de entonces comienzan para él cinco años de calvario con múltiples detenciones policiales y un mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, tras el cual será puesto de nuevo en libertad. El proceso culmina, finalmente, con su abrupta deportación en noviembre de 2015, ejecutada en menos de 24 horas.
“Fue un miércoles. Mi hijo me llamó desde el aeropuerto, llorando, diciéndome que se lo llevaban. Esa noche había llamado a su novia a las tres de la mañana”, relata Teresa, su madre. Lo habían detenido al salir del metro la tarde anterior. Él volvía de trabajar, llevaba solo una mochila y 300 euros que había cobrado ese día.
“El avión lo llevó a Santa Cruz, donde no tenemos familia. Estuvo allí tirado todo el día, y por la noche pudo irse a Sucre, donde viven mi hermana y su padre. Mi hermana me contó que José tenía moretones en los brazos y en la espalda”. Teresa acudió a la comisaría para reclamar.
“Les dije que por lo menos podrían haberme avisado, pero me contestaron que él quería irse, que había firmado el papel. Pero mi hijo me contó que eso era mentira: lo habían llevado dos policías y le habían dicho que si se amotinaba no sabrían qué pasaría. Le dieron golpes, lo cogieron durísimo”. José tenía cita para casarse con su novia dos meses después, en diciembre. Su hija, de nacionalidad española, cumplirá seis años en agosto.
Los nombres han sido modificados para proteger el anonimato de la familia. Pero la historia de José es real: él sufrió lo que se conoce como una deportación exprés. Según la legislación española de extranjería, una persona que ya haya recibido una orden de expulsión puede ser deportada a las 72 horas de ser detenida, sin necesidad de comparecer ante un juez y pasando esas noches en la comisaría. Una directiva europea (la 2008/115/CE) avala que los Estados miembros priven de libertad a una persona sin papeles hasta 18 meses, con vistas a expulsarla. Según un informe de Pueblos Unidos publicado en 2015 esta práctica, aunque no es ilegal, suele vulnerar todas las garantías jurídicas del detenido.
La campaña estatal Stop Deportación denuncia que el Estado español fleta más de cien vuelos al año con el fin de deportar a migrantes sin papeles. El Estado utiliza dos tipos de vuelos para expulsar migrantes: aviones especiales para llenarlos exclusivamente de personas deportadas, o billetes individuales en viajes comerciales, en los que los expulsados comparten pasaje con turistas y otros viajeros voluntarios, habitualmente sentados al fondo y de forma discreta.
El pasado mayo las empresas Air Europa y Swift Air, ambas pertenecientes al grupo Globalia, renovaron por tercera vez el contrato de vuelos especiales con el Ministerio del Interior que les permite alquilar aviones enteros al Estado para deportar a personas sin papeles.
Según la Campaña por el Cierre de los CIE, la proporción de vuelos fletados al año es de unos 100 a Marruecos, de Swift Air, y otros 40 de Air Europa a América Latina, África subsahariana, Europa del Este o Asia.
Existen pocos datos públicos acerca de esta práctica, pero se sabe que durante 2013 la policía ejecutó 6.462 deportaciones exprés frente a las 4.726 que realizó desde los centros de internamiento. Las cifras de Eurostat indican que el número de detenidos por no tener papeles en la Unión Europea subió un 46% entre 2013 y 2014, periodo en que se privó de libertad a 626.000 personas.
Francisco Solans, portavoz de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, ilustró en 2015 una de las fórmulas utilizadas para detener a migrantes en los días previos a un vuelo programado: citarlos en comisaría “para asuntos de interés o porque tienen que ver unos papeles. Él acude confiado y con lo puesto y le dicen que se queda allí, al día siguiente está el vuelo preparado. Parar eso requiere una tarea ímproba de su abogado”.
En el caso de José, éste ni siquiera tuvo la oportunidad de llamar a su letrada.
Por Laura Rivas (Comisión CIE’s – SOS Racismo Madrid)
