Desde la entrada en vigor de la nueva normativa las solicitudes han descendido un 70% en Aragón
En torno a un centenar de personas se han concentrado este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Aragón para pedir un sistema justo de acceso a la nacionalidad española por residencia, un procedimiento que se ha convertido en una auténtica «carrera de obstáculos» desde la entrada en vigor de la Ley 19/2015 de 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.
La ley, en vigor desde el 15 de octubre de 2015, así como el posterior reglamento de desarrollo han provocado una serie de cambios normativos que han generado un grave problema de parálisis, desinformación y grave descenso en el número de solicitudes de nacionalidad por residencia.
Así, desde la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, de la que SOS Racismo Aragón es miembro integrante, se estima que las solicitudes de nacionalidad española descendieron un 70% en la Comunidad en el último trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del año anterior.
Una de la medidas que más trabas supone a la hora de iniciar el proceso viene derivada de la obligatoriedad de pagar 100 euros de tasas, a los que se suman los que hay que abonar para presentarse al examen CCSE (Conocimientos Constitucionales y Sociolaborales de España) y DELE (Diploma de español como lengua extranjera) para ciudadanos de países donde el español no es lengua oficial.
«Se ha pasado de un procedimiento gratuito a tener que pagar 185 euros como mínimo, si tu lengua es el español, y de hasta 308 euros para otras nacionalidades no castellanoparlantes», critica la integrante de la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y técnica de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo Aragón, Carlota Placed.
Además, desde la plataforma se lamenta que, al margen de los impedimentos económicos, muchas de las medidas que impulsa la ley suponen una «barrera infranqueable» para muchas personas que desearían obtener la nacionalidad española y que cumplen los requisitos de residencia en España para solicitarla. Una situación que aún puede empeorar más ya que a partir de junio del año próximo los expedientes de solicitud de la nacionalidad sólo se podrán presentar por vía telemática, un peculiaridad especialmente gravosa para un colectivo especialmente afectado por la brecha digital.
Por todo ello, zaragozanos y afectados no dudaron en sumarse a la concentración convocada por la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y reclamaron al Gobierno Central la derogación de una ley que no sólo afecta a los demandantes de adquisición de la nacionalidad española, sino que también está provocando efectos en las entidades y sindicatos que les asesoran y en los propios registros civiles.
Además, entre las reivindicaciones, se ha pedido al Gobierno de Aragón que facilite el acceso a la nacionalidad, que se desarrollen programas para preparar los exámenes, que se adopten medidas para poder presentar las solicitudes por vía presencial y que se garantice que el coste económico de las pruebas no sea un obstáculo.
Zaragoza, 20 de octubre de 2016.-
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