La «solución hotspot» debe abolirse, pues ha convertido a estos puntos en lugares permanentes de relegación de “indeseables”.
Artículo de Peio Aierbe (Migreurop – SOS Arrazakeria Gipuzkoa) para el blog Migrados de Planeta Futuro – El País.
¿A partir de qué momento la no ayuda a una persona en peligro se convierte en crimen? ¿Qué número de muertos hacen falta para calificarlo de crimen contra la humanidad? Estas cuestiones se plantean desde hace tiempo en relación a las miles de personas muertas en el Mediterráneo por la falta de vías legales de acceso a la Unión Europea. Hoy en día, la situación cada vez más grave de miles de personas exiliadas, atrapadas por temperaturas glaciales en los campos griegos y en la ruta de los Balcanes, cuestiona directamente la elección de la UE en materia de “gestión de flujos migratorios”.
La primavera pasada, para no acoger a las centenares de miles de personas refugiadas que huían de los conflictos sirio, iraquí o de otras regiones en crisis, los funcionarios de la Comisión y los miembros del Consejo Europeo pusieron en pie la “solución hotspot” que no contempló, evidentemente, las variables meteorológicas: en invierno, las temperaturas bajan y el frío hace estragos, incluidas las islas del mar Egeo desiertas de turistas. Únicamente se han previsto campamentos de tiendas para personas exiliadas “aparcadas” a la espera de la organización de retornos forzosos, considerados por los funcionarios y dirigentes europeos como la mejor solución para solucionar la “crisis migratoria”.
Y es que la Comisión Europea y los Estados miembros nunca han creído en la “relocalización”, dispositivo dirigido a “aliviar” a los países de primera línea (Grecia e Italia) y a permitir a los hotspots no convertirse en lugares permanentes de relegación de “indeseables”. De hecho, mientras que el objetivo anunciado era el desplazamiento de 63.000 personas desde Grecia hacia otros países de la UE antes de septiembre de 2017, menos de 8.000 han podido beneficiarse, a día de hoy, de este dispositivo.
De manera que unas 15.000 personas son actualmente prisioneras de los hotspots de las islas griegas, azotadas por el viento y la nieve; otras miles están bloqueadas, en una urgencia humanitaria y un frío extremos, en la “ruta de los Balcanes”, cerradas por los miembros de la UE y sus aliados. Pero las personas encerradas en los hotspots están bajo la autoridad directa de agencias y funcionarios europeos que deben velar por que estos lugares no se transformen en una trampa mortal. Subir la temperatura no es competencia suya; suprimir los inviernos no está en la agenda de la Unión Europea. Por el contrario, el cierre de los hotspots y la organización del acceso a la residencia y de una acogida permanente sí está en manos de los responsables europeos. La imagen de los campamentos de tiendas desapareciendo bajo la nieve juzgará su política criminal.
El Estado español es corresponsable de estas políticas y las aplica conjuntamente con Marruecos sobre las personas que campan en los bosques cercanos a Ceuta y Melilla. La concentración prevista para el próximo 4 de febrero en Ceuta, que apoyamos las organizaciones de Migreurop, en denuncia por la actuación policial de hace dos años en la playa del Tarajal, con resultado de 15 personas muertas, mostrará la exigencia de responsabilidades de la sociedad civil por estas políticas criminales y la demanda de un cambio radical de dichas políticas.