Coincidiendo con el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, celebramos las Jornadas Antirracistas bajo el lema “Instituciones Libres de Racismo”.
El racismo es un monstruo de mil caras, pero el racismo institucional, el que se ejerce desde lo público, es sin duda una de las más terribles. Desde las instituciones que deben velar por el bien común se generan espacios de exclusión y discriminación que es preciso denunciar y eliminar.
En ocasiones, el racismo institucional es muy visible. Es el caso de las políticas migratorias, con una gestión de fronteras en la que se persigue y criminaliza a aquel que provenga del Sur Global, y una dejación de responsabilidades en lo que respecta a la protección del menor, si se trata de un menor extranjero no acompañado; con vías de acceso a la regularización sumamente restrictivas y un sistema de concesión de nacionalidad cuestionable en el que, además, se tramitan los expedientes pendientes de resolución con una dejadez sospechosa.
Otras veces el racismo institucional queda oculto, se confunde con dificultades burocráticas propias de la maquinaria administrativa; pero es racismo, no afecta a toda la población, son trámites extra, trabas adicionales. Una carrera de obstáculos que limita derechos, algunos tan importantes como el derecho a la salud, y genera problemas de acceso a servicios. Parece repetir: “tú no eres de aquí, no lo olvides nunca”. Y no se olvida.
No lo olvidan tampoco las personas que se ven privadas de sus derechos políticos; del derecho de sufragio, pues ha llegado ya el momento de hablar seriamente del derecho a sufragio de todas las personas residentes en nuestro país, y también del derecho a la protesta, pues la ley mordaza afecta especialmente a quien puede poner en riesgo la obtención o renovación de su documentación si le ponen una multa por sujetar una pancarta.
Finalmente, no podemos olvidar uno de los aspectos más graves del racismo institucional, el que tiene que ver con la actuación policial, donde la carga de la prueba acaba recayendo siempre en la persona que denuncia discriminación, insultos o agresiones, y que se enfrenta con mucha frecuencia a una contradenuncia. Además, en España sigue siendo muy habitual la identificación policial por perfil étnico, expulsando a las personas afectadas de unos espacios públicos donde se sienten acosadas, y fomentando la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad. No queremos dejar pasar esta oportunidad para recordar una vez más a Mame Mbaye, fallecido la semana pasada en Lavapiés, y exigir una investigación exhaustiva y detallada de lo ocurrido, y la depuración de responsabilidades.
Incorporar “Unidades de gestión de la diversidad” (como se las suele denominar) en la Policía, u ofrecer orientación jurídica para supuestos de racismo y xenofobia en las Juntas de Distrito, son iniciativas insuficientes, que no tendrán calado real mientras no exista confianza en las instituciones y en sus representantes. Hay que empezar por reconocer la existencia de dinámicas racistas en la gestión institucional, que derivan en graves situaciones de negación de derechos, acoso policial y exclusión. Sólo así se podrá trabajar de forma efectiva para acabar con ellas.
