(ES-FR) Hoy, las familias de las víctimas, y la sociedad civil quieren hacer recordar a la ciudadanía, por cuarto año consecutivo, la masacre de Tarajal. Esta fecha se ha convertido en uno de los símbolos trágicos de las políticas migratorias que socavan los derechos y las vidas de las personas migrantes y demandantes de asilo.
El 6 de febrero de 2014, más de 200 personas trataron de entrar en la ciudad Autónoma de Ceuta desde territorio marroquí. Mientras se acercaban a la playa del Tarajal, muchos de ellos tratando de entrar a nado, la Guardia Civil utilizó material antidisturbios, -botes de humo y balas de goma-, para evitar que llegasen a “territorio español”. Esto ocasionó que quince de estas personas fueron encontradas muertas en el lado español, otras fallecieron en territorio marroquí, docenas más desaparecieron, siendo los supervivientes dispersados. Lamentablemente, ni la Guardia Civil ni los soldados marroquíes presentes ayudaron a las personas que se estaban ahogando delante de ellos
Investigaciones realizadas han mostrado a la opinión pública vídeos, imágenes y testimonios de supervivientes y testigos presenciales que establecen directamente la responsabilidad de los guardias civiles por estas muertes. Paradójicamente, el juez a cargo del caso concluyó que ni había irregularidades en el material utilizado por la Guardia Civil, no en la decisión de conducir directamente a Marruecos, y sin procedimiento alguno, a las 23 personas que habían logrado llegar a la playa.
Un año después, el 16 de octubre de 2015, el juez cerró el caso y retiró los cargos contra los 16 guardias civiles acusados. En su auto, llegó a delegar la responsabilidad en las víctimas, en la medida que: «Los migrantes han asumido el riesgo de ingresar ilegalmente al territorio español por mar, al desconocer las acciones disuasorias de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil». Sobre esta cuestión, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), miembro de Migreurop, respondió que «en ningún caso el derecho a migrar implica el hecho de que uno puede morir durante el viaje o en la frontera. Lo que sucedió no es un accidente y es necesario traer luz, castigar a los responsables y garantizar que no vuelva a ocurrir «[1].
Siguiendo con el despropósito, en junio de 2016, se llegó a la barbaridad de negarse a las a las familias de las víctimas el visado de para identificar los cuerpos de sus hijos en Ceuta.
Por desgracia, y a pesar de que el caso volvió a reabrirse, por numerosos defectos de procedimiento, la investigación se cerró sin resultados en enero de 2018.
Como respuesta, para que estas muertes no caigan en el olvido, la sociedad civil española año a año y desde esta fecha se ha movilizado en las llamadas “Marchas por la dignidad” llegando el pasado 3 de febrero de 2018 la su quinta edición.
Migreurop apoya estas movilizaciones y todas las iniciativas destinadas a arrojar luz sobre la masacre de Tarajal. Tras la condena de España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Migreurop y sus miembros (en el estado español SOS Racismo, APDH-A, Andalucía Acoge, CEAR, Elín e Iridia) piden el cese inmediato y definitivo de las devoluciones ilegales llevadas a cabo en esta frontera tanto en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla como en las efectuadas desde el mar.
Desde la Red Euroafricana, queremos recordar que la semana pasada, al menos 110 personas nuevas, incluidas veinte que emprendieron su viaje desde el mismo país del que venían las personas muertas en el Tarajal, perdieron la vida tratando de llegar a Europa.
Ellos se La única respuesta que se está dando desde los Estados y la UE viene dada por el aumento de la militarización de las fronteras exteriores, el aumento desproporcionado de las inversiones en control fronterizo, la criminalización de la presencia de entidades y activistas defensoras de los Derechos Humanos y lo que es más lamentable teniendo en cuanta las ingentes cantidades de dinero gastadas, las políticas de “dejar morir” a miles de personas en nuestro perímetro fronterizo.
Por ello, desde Migreurop queremos reivindicar que la masacre de Tarajal no sólo representa una vulneración del artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, sino que también –y es mucho más grave- estas medidas de “control de flujos migratorios” entran en la categoría de no asistencia a las personas en peligro vulnerando algo tan básico como el Derecho a la vida.
