Declaración conjunta: Rechazamos el nuevo Reglamento de Retorno que permite entrar en los domicilios particulares, la vigilancia policial de servicios público y la perfilación racista.
La UE está negociando actualmente un Reglamento de Deportación («Retorno») que pretender ampliar y normalizar la sobre vigilancia y las redadas racistas en nuestras comunidades. Un documento que pretende obligar a los estados miembros a «detectar» a personas en situación irregular en espacios públicos en el acceso a recursos sociales, sanitarios y comunitarios utilizando para ello herramientas muy similares a las que utiliza el ICE en Estados Unidos. Medidas que, en la experiencia de este país, está provocando una crisis sanitaria en la medida que muchas personas no acuden a los servicios médicos por miedo a ser detenidas o deportadas.
En la práctica, las medidas de detección propuestas por la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE se plasman de forma concreta en:
- Redadas policiales en domicilios particulares, que permiten a las autoridades acceder SIN MANDATO JUDICIAL tanto a viviendas particulares como a oficinas y albergues gestionados por organizaciones humanitarias a para buscar a personas migradas en situación irregular.
- Redadas policiales en espacios públicos, como fue el caso del despliegue en Francia de 4000 agentes en junio de 2025 para realizar controles exhaustivos en estaciones de autobús y tren con el objetivo de detener a personas indocumentadas, o la introducción en Bélgica de controles fronterizos internos en carreteras, estaciones y aeropuertos.
- Vigilancia y tecnología: Se pretende la recopilación masiva de datos personales de las personas migradas, así como su intercambio entre las fuerzas policiales de toda la UE, para potenciar el uso de sistemas de identificación biométrica que permitan rastrear los movimientos de las personas y reforzar la vigilancia policial de migrantes indocumentados y personas racializadas.
- Obligaciones de información obligatoria impuestas al funcionariado y trabajadores públicos, como las impuestas a la oficina de bienestar social en Alemania desde la década de 1990, o las que se están debatiendo en Suecia.
- Perfilación racial: controles basados en el fenotipo, la apariencia, el idioma o el origen percibido, en lugar de la conducta individual. Este elemento nos preocupa, en la medida que, a pesar de ser una práctica ya habitual en Europa no sólo da lugar a una discriminación hacia las personas y comunidades racializadas, sino que socialmente provoca la estigmatización de estas personas de cara al conjunto de la sociedad.
Esta amenaza es real e inmediata.
La propuesta de la Comisión Europea de promoción de las medidas de uso normalizado de la detención responde no sólo a la demanda de los estados miembros (en diciembre del año pasado, respaldaron una postura que exige políticas aún más severas, incluyendo redadas policiales en domicilios particulares para localizar a migrantes indocumentados), sino también a la mayoría de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Sobre esta cuestión cabe recordar que desde los grupos liberales hasta la extrema derecha, han presentado enmiendas que apoyan la inclusión obligatoria de medidas de este tipo de medidas.
Estas medidas de identificación, detección y detención generan miedo, discriminación, persecución, y rompen los vínculos sociales y comunitarios. Disuaden a las personas en su derecho de acceso a la atención sanitaria básica (incluida la atención relacionada con el embarazo, el tratamiento de enfermedades crónicas y las vacunas), a la educación y a los servicios sociales. Además, promueven situaciones de violencia, explotación y abuso; erosionan la confianza entre las plantillas de trabajadores públicos y la ciudadanía, facilitan la elaboración de perfiles raciales y la discriminación sistémica; y violan los derechos fundamentales a la privacidad y la protección de datos.
Estos riesgos se han puesto encima de la mesa. El 26 de enero, 16 Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo de la ONU enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, advirtiendo que el Reglamento de Deportación propuesto podría imponer la obligación de denuncia de la situación documental de las personas para las que trabajan las y los trabajadores públicos, desalentando el acceso a servicios básicos y socavando los derechos fundamentales.
Incorporar medidas de detección, identificación y detención en la legislación de obligado cumplimiento de la UE no sólo ampliaría estas prácticas, sino que las estandarizaría como la forma de funcionamiento habitual a través de una financiación específica, legitimando prácticas ilegales como la elaboración de perfiles raciales y las redadas racistas.
Este nuevo escenario consolidaría un sistema punitivo, alimentado por la retórica de las extremas derechas basado en la sospecha, la denuncia, la detención y la posible deportación de personas migradas y/o racializadas.
En lugar de proteger los derechos fundamentales, la UE se encamina a codificar una ideología de criminalización que se dirige a las personas su fenotipo real o percibido, así como su situación administrativa. Un nuevo escenario que Europa sabe, por su propia historia, adónde pueden conducir este tipo de sistemas de vigilancia, búsqueda de chivos expiatorios y control.
Hacemos un llamamiento a los responsables políticos, a las autoridades públicas, las y los trabajadoras de los servicios públicos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de toda Europa para que rechacen la detección en todas sus formas y se movilicen contra las políticas que criminalizan a las personas por su raza, situación administrativa erosionando los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía.
