Este informe conjunto realizado en el marco de Migreurop (red euroafricana de la que forma parte la Federación SOS Racismo) es resultado de varias misiones en el terreno realizadas tanto en Ceuta, en Melilla como en la zona de Nador en 2015 y, concretamente, de dos misiones conjuntas realizadas en mayo (GADEM/Migreurop) y en junio de 2015 (Cimade/GADEM/Migreurop España). Se realizaron entrevistas a una pluralidad de actores que trabajan en temas migratorios dentro y en torno a los enclaves, y a personas directamente afectadas por las políticas de gestión de los movimientos migratorios. El objetivo era recoger información y opiniones tanto de actores institucionales como asociativos y/o militantes, así como de personas directamente afectadas por estas políticas: quienes han emprendido un proyecto migratorio[1].
Así, tanto en Ceuta como en Melilla, quienes participaron en las misiones se entrevistaron con responsables de la Guardia Civil y de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, el director del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), abogados de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y miembros de asociaciones locales. En Melilla, quienes participaron en las misiones también se entrevistaron con un responsable de Cruz Roja y dos responsables de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles).
Tanto en Ceuta como en Melilla, quienes participaron en las misiones conjuntas visitaron el CETI. Además, en Melilla, un comandante de la Guardia Civil les permitió observar de cerca la valla, hacer fotografías y visitar la sala de control de la Guardia Civil (donde se encuentran las pantallas que retransmiten las imágenes de las cámaras de vigilancia situadas, entre otras ubicaciones, a lo largo de la valla). La Policía Nacional de Melilla también hizo posible visitar la nueva oficina de asilo situada en el puesto fronterizo. Se realizaron también entrevistas informales, principalmente en los alrededores de los CETI en Ceuta y Melilla, donde es fácil conversar con residentes de los centros y menores (en su mayoría de nacionalidad marroquí o argelina), alojados en otro centro o que viven en la calle y que vinieron a probar suerte para alcanzar la península ibérica.
En Nador, quienes participaron en la misión pudieron entrevistarse con responsables de una asociación de migrantes, de la sección local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y de la asociación ASTICUDE (Asociación Thissaghnasse para la cultura y el desarrollo), así como de la Delegación de migraciones del arzobispado de Tánger en Nador. También se reunieron, finalmente, con personas exiliadas sirias o palestinas sirias que estaban bloqueadas en su intento de llegar a Europa pasando por Melilla. Una visita a los campamentos de migrantes también se llevó a cabo en los bosques que rodean Nador.
En último lugar, este informe se basa en otros testimonios recogidos a lo largo del año 2015 en Marruecos y en el análisis de la documentación e informes existentes sobre temas migratorios en esta región, en particular los elaborados por las asociaciones, tanto del lado marroquí como español[2].
Puntos principales desarrollados en el informe en relación a la gestión de la frontera hispano-marroquí
La cooperación entre las autoridades marroquíes y españolas
La Unión Europea y sus Estados miembros ejercen una presión importante sobre los países del sur del Mediterráneo para que éstos establezcan políticas migratorias más firmes, en particular en lo relativo al control de los movimientos migratorios y a la gestión de las fronteras.
Sin embargo, también se ha observado que los beneficios de las negociaciones llevadas a cabo en torno a los acuerdos de gestión de las migraciones han sido importantes para los países del Magreb y para el gobierno marroquí en particular.
Marruecos es considerado, a menudo, como el gendarme de las fronteras de la Unión Europea en el sur de Europa. Sin embargo, no parece que ejecute sin más las políticas migratorias europeas: la presencia de personas que migran, en particular desde África subsahariana hasta su territorio, al igual que su situación estratégica cerca de las fronteras de la Unión Europea, ha podido servirle de «renta geográfica» (Nora El Qadim, 2010), como una moneda de cambio.
De esta forma, los diferentes niveles de negociación -con España o Europa- son utilizados para obtener las mayores ventajas posibles a cambio de una participación activa en la lucha contra las migraciones irregulares. Las operaciones de detenciones periódicas, llevadas a cabo por las fuerzas auxiliares marroquíes con la finalidad de vaciar la frontera norte de la presencia de personas «indeseables» cerca de los enclaves españoles, son una muestra de los esfuerzos desplegados por el Reino de Marruecos para luchar contra las migraciones irregulares hacia Europa. En una entrevista con una agencia de noticias española, pocas horas antes de un encuentro oficial con su homólogo español Mariano Rajoy, el jefe del gobierno marroquí, Abdelilah Benkirane, declaró que Marruecos gastaba anualmente «60 millones de dólares en su dispositivo de lucha contra la inmigración clandestina»[3].
El esfuerzo de cooperación de Marruecos se materializa igualmente en el foso cavado y la reciente cuarta valla en la frontera de Melilla -además de la triple valla española– que Marruecos ha levantado en 2014 y reforzado en 2015 cubriéndola de concertina.
De esta forma, desde principios de 2015, los intentos de salto de la valla, y aún más los «boza»[4], se han vuelto muy poco frecuentes, incluso inexistentes: el 3 de agosto de 2015 la ciudad se felicitaba porque no había habido ningún salto de la valla desde hacía tres meses[5]. En estos últimos años, y aún más en 2015, se ha podido observar una cooperación «histórica» entre las autoridades marroquíes y españolas en lo relativo a la lucha contra la inmigración llamada «ilegal»[6]. En mayo de 2015, durante un encuentro en Tánger entre los ministros del Interior marroquí y español, Fernández Díaz elogió a las autoridades marroquíes por su cooperación en esta materia[7].
Los gobiernos marroquí y español firmaron en 1992 un acuerdo bilateral de readmisión que establece que «Las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último, procedente del Estado requerido»[8].Sin embargo, entró en vigor y fue publicado veinte años más tarde, en 2012. Está claro que incluso ese acuerdo, que recoge una serie de requisitos de identificación y de derechos de las personas que son devueltas, cuestionaba la práctica de ambos Estados de proceder a su devolución sin respetar ningún procedimiento legal, como en el caso de las “devoluciones en caliente”[9] en la frontera de Melilla, que implican la ayuda de las fuerzas auxiliares marroquíes, al igual que en el caso de las intervenciones marítimas.
La legalización de las «devoluciones en caliente» o cómo España intenta legitimar las expulsiones colectivas
Si la función oficial de los guardias civiles es la de impedir el paso de las personas fuera de los puestos fronterizos habilitados, hasta marzo de 2015 nunca se había especificado por escrito cómo los agentes de la Guardia Civil destinados a la valla tenían que ejecutar de forma concreta esta misión. Se trataba, para los agentes, de ejecutar órdenes: interceptar las personas y proceder sistemáticamente a su devolución directa hacia Marruecos, entregándolas a las autoridades marroquíes sin respetar los procedimientos legales. Esta práctica, llamada «devolución en caliente» ha sido denunciada desde hace años por las organizaciones de la sociedad civil[10].
Además, el testimonio de B. revela que las devoluciones en caliente a veces pueden llevarse a cabo en un perímetro mucho más amplio que el de la valla.
Se intentó darle cobertura legal a esa práctica el uno de abril de 2015 mediante una enmienda a la ley de extranjería[11], dándole el nombre de «rechazos en frontera».
El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla fue imputado en septiembre de 2014[12] por haber dado órdenes de devolución cuando esa práctica violaba la ley española de extranjería y los acuerdos de readmisión firmados por España. Poco después de la promulgación de la nueva ley, se dictó el sobreseimiento del caso.
Pese a ello, para quienes defienden los derechos humanos, el «rechazo forzado en la frontera» sigue siendo, a pesar de todo, una práctica totalmente ilegal[13] que no respeta ni la legislación nacional ni los convenios internacionales ratificados por el estado español.
Vulnera, por ejemplo, el principio de no devolución previsto en el Convenio de Ginebra pues ninguna solicitud de protección puede hacerse en la valla fronteriza[14]. Las «devoluciones en caliente» son igualmente contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos dado que constituyen expulsiones colectivas, prohibidas por este convenio que España también ha firmado[15]. En abril de 2015, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa solicitó a las autoridades españolas revisar esta legislación controvertida.
En efecto, no se realiza ningún examen individual de la situación de las personas rechazadas y la violencia sigue estando omnipresente a ambos lados de la valla, como demuestra un informe del Consejo de Europa que preconiza también «que ningún extranjero debe ser entregado [a las fuerza marroquíes] debido al riesgo de malos tratos»[16].
Durante las entrevistas realizadas a la Guardia Civil, ha sido sorprendente ver hasta qué punto esta legalización de los «rechazos en frontera» parece de hecho no haber cambiado nada en las prácticas de la Guardia Civil en los enclaves.
Mientras que la reforma anunciaba que de ahora en adelante «en todos los casos, el rechazo se realizará respetando la reglamentación internacional en materia de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte firmante»[17], en realidad esto habría simplemente aportado más seguridad jurídica a los agentes de la Guardia civil.
Por primera vez, en julio de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió explicaciones a España sobre dos casos de devolución en caliente que ocurrieron en agosto de 2014 y que violaban, según los informes, el Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las expulsiones colectivas[18]. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa intervino voluntariamente unos meses después apoyando estas demandas y afirmó que «Esta práctica impide a los migrantes que tratan de entrar por la valla ejercer su derecho a la protección internacional de manera efectiva»[19].
También en julio de 2015, la ONU declaró que «España debe adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que los migrantes no sean sometidos a malos tratos durante su deportación y expulsión».
Pide también que se tomen medidas para «garantizar que las autoridades extranjeras (Marruecos) no cometan violaciones de derechos humanos en territorio español, y que los agentes de policía y personal de la frontera reciban una formación adecuada sobre el uso de la fuerza en las interacciones con los migrantes, así como asegurar que todo uso excesivo de la fuerza sea objeto de una investigación y que los responsables sean sancionados, cuando sea necesario».[20]
Las oficinas de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla o la selección de las personas candidatas a la inmigración hacia Europa
La legalización de las «devoluciones en caliente», que viola el principio de no devolución de las personas en busca de protección internacional, no parece entrar en contradicción con la apertura reciente, en marzo de 2015, de las oficinas de registro de solicitudes de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla. ¿Puede interpretarse como una política de pancartas del Estado español en pro de los derechos humanos, mientras que legaliza lo ilegal?
Poco antes de su inauguración, el ministro del Interior español Jorge Fernández Díaz declaraba: «quedará muy claro que los que intenten entrar ilegalmente a España, a la UE y al espacio Schengen a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo y de protección internacional, porque lo podrán ejercer a través de esas oficinas en los pasos fronterizos»[21].
Esta afirmación (entrar ilegalmente no da derecho a solicitar asilo) no tiene ninguna base legal: nada impide que una persona extranjera que haya entrado irregularmente en el territorio pueda pedir asilo, es la misma situación que la de la mayoría de solicitantes de asilo en Europa.
Un argumento muestra además que estas declaraciones carecen de todo sentido: para una persona originaria de África subsahariana, es imposible acceder a las oficinas de asilo que se encuentran en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Las cifras aportadas por ACNUR sobre el terreno lo muestran claramente: de las más de 1.500 solicitudes de asilo registradas en la frontera entre enero y abril de 2015, casi todas fueron presentadas por personas sirias (y palestinas de Siria) y ninguna por personas subsaharianas. Sin embargo, según el comité español de ACNUR, el 70% de las personas originarias de África subsahariana que intentan saltar la valla podrían ser posibles solicitantes de asilo[22].
¿Por qué se hace una distinción semejante? simplemente porque las personas migrantes negras no pueden llegar hasta el paso fronterizo de Melilla dado que las autoridades marroquíes impiden su acceso y las detienen periódicamente en los bosques y zonas próximas a los enclaves españoles, en particular en Nador y Tánger.
Así, para una persona negra que busca protección, las únicas opciones para cruzar la frontera por tierra son saltar la valla o esconderse en un vehículo y esto último resulta muy caro.
Las oficinas de asilo en la frontera parecen constituir, para las personas originarias de África subsahariana, una manera adicional de criminalizar su migración, intentando demostrar que estas personas no se dignan pasar por las vías legales puestas a su disposición. Y la conclusión parece evidente: como no se presentan en las oficinas de asilo situadas en la frontera y siguen intentando saltar la valla, se trata de «migrantes económicos» y no de personas que necesitan potencialmente una protección internacional, lo que justifica de esta forma para las autoridades los «rechazos en frontera».
En cuanto a las personas exiliadas sirias, aunque una parte de ellas pasan realmente por la frontera de Melilla cada día, está comprobado que incluso estas personas pueden tener problemas para cruzar: han de recurrir a intermediarios que piden cantidades muy elevadas de dinero y son objeto de una selección opaca por parte de las autoridades marroquíes y españolas.
El comité René Cassin[23] ha llamado la atención de la Organización de Naciones Unidas en junio de 2015 sobre las actuaciones de España en la frontera con Marruecos, enfatizando la violación del derecho a la no discriminación racial y el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial que ha ratificado[24].
En julio de 2015, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus conclusiones y recomendaciones sobre la aplicación por España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[25]. Insta a España a «revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley n.º 4/201525 y garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados y a la protección frente a la devolución sin discriminación, y tengan acceso a un mecanismo independiente con autoridad para suspender las decisiones negativas (…) »[26].
El CETI y los traslados a la península no regulados
La gestión de los traslados de los residentes del CETI hacia la península constituye el elemento clave de las políticas migratorias españolas en los enclaves de Ceuta y Melilla. En efecto, estos traslados desde los enclaves hacia la península española no están regulados de ninguna forma puesto que ninguna ley los contempla. De hecho, nadie sabe cuándo van a salir, y esto afecta particularmente y sobre todo psicológicamente a las personas que esperan en el CETI.
Desde su llegada al enclave hace 9 meses, la representante de ACNUR en Ceuta dice no haber llegado a entender aún el sistema de traslados a la península: «ni criterios ni motivación. Tampoco existe reglamento para los CETI, contrariamente a los centros de detención administrativa de la península. El CETI debería ser un centro de acogida temporal pero esta temporalidad no está definida».
El estatus de excepción de Ceuta y Melilla, así como los intereses convergentes para el bloqueo de personas que tratan de llegar a Europa, permiten mantener este vacío jurídico en torno a los traslados a la península y perennizar el control discrecional de las fronteras exteriores de España.
¿Es intocable la guardia civil?
Desde hace varios años, asistimos a una auténtica demostración de impunidad: entre numerosos actos violentos y (algunas) imputaciones, la Guardia Civil y sus agentes siempre consiguen salir indemnes.
Parece que la justicia española, respaldada por el gobierno español, protege a la Guardia Civil a pesar de los múltiples casos en que ésta ha violado la legislación nacional e internacional y de su papel predominante en los ataques a la integridad física y moral de las personas candidatas a la inmigración hacia Europa.
He aquí unas declaraciones del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el momento en el que fue informado de que se había archivado el caso: «No puedo decir otra cosa sino que, desde el respeto más absoluto a la independencia del poder judicial, me alegro profundamente».[27]
Parece que los peones que ejecutan las políticas migratorias en la frontera sur de la Unión Europea, que son los agentes de la Guardia Civil, son demasiado importantes ya que resultan muy útiles para externalizar las responsabilidades derivadas de las prácticas de «protección» de las fronteras de la Europa fortaleza. Al igual que lo son los peones que encarnan las fuerzas auxiliares marroquíes, al otro lado de la frontera y cuyas actuaciones ilegales contra las personas que tratan de saltar las vallas de Ceuta o de Melilla son conocidas pero permanecen igualmente impunes.
Conclusión
¿Ceuta y Melilla, nuevas tierras de asilo? Estos dos enclaves se parecen más bien a tierras donde la violación de los derechos de las personas llamadas «migrantes» está legalizada, facilitando así el mantenimiento de la arbitrariedad y la impunidad en la gestión de la frontera terrestre euro-africana.
Ceuta y Melilla son un ejemplo, entre otros, de zonas de selección de las personas candidatas a la inmigración hacia Europa, entre «malos migrantes» y «buenos refugiados». El ejemplo del bloqueo de las personas sirias exiliadas en Nador nos muestra que incluso entre quienes se consideran «buenos refugiados», la selección sigue siendo dura y opaca.
Para las organizaciones que han firmado este informe: las vidas no se pueden seleccionar. La impunidad en torno a las políticas migratorias de gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla debe cesar.
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Ceuta 25 de julio de 2016
Entidades de la red Migreurop en España:
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
[1] Por persona que migra y migrante entendemos en este informe toda persona que ha dejado su país de origen para viajar a otro país y que no posee la nacionalidad de este último. Están también incluidos en esta definición las personas refugiadas y solicitantes de asilo (lo que no pone en duda la definición del derecho internacional), así como todo migrante sin distinción con respecto a su situación administrativa.
[2]En particular del lado español: los informes anuales «Derechos Humanos en la Frontera Sur» publicados por la APDHA, las imágenes grabadas por PRODEIN o los comunicados publicados periódicamente por las asociaciones miembro de Migreurop España. Del lado marroquí, el informe anual de la AMDH Nador así como de otras asociaciones militantes en Marruecos sobre temas migratorios.
[3] Ver el artículo de TelQuel: Para Benkirane, Marruecos no es el gendarme de Europa
[4] Para designar los intentos de paso conseguidos. «Boza» recuerda el grito de victoria de los que han conseguido saltar la valla de Melilla
[5] Ver el artículo de Melilla Hoy: Melilla cumple más de tres meses sin saltos de la valla, el mayor periodo de tranquilidad
[6] Ver el artículo de Yabiladi, Inmigración. España no deja de alagar a Marruecos, mayo de 2015.
[7] Ver EFE: Fernández Díaz recuerda que los flujos migratorios se controlan gracias a Marruecos, mayo de 2015.
[8] Protocolo sobre readmisión de las entradas irregulares entre España y Marruecos, firmado el 13 de febrero de 1992: España Marruecos Protocolo sobre readmisión entradas irregulares. Entró en vigor el 13 de febrero de 2012. Acuerdo de readmisión firmado entre España y Marruecos el 13 de febrero 1992, publicado en el Dahír 1-12-64 del 10 de diciembre de 2012 y en el BOE n° 6214 de 19 de diciembre de 2013. Sobre este tema, ver Migreurop: Acuerdos de readmisión. La «cooperación» al servicio de las expulsiones de migrantes.
[9] Práctica que consiste en devolver de forma inmediata hacia Marruecos las personas que han llegado sobre el territorio español.
[10] Ver 70 colectivos españoles apoyan a Migreurop para exigir el fin de las devoluciones ilegales y el respeto de las leyes nacionales e europeas e internacionales
[11] Disposición adicional décima, Régimen especial de Ceuta y Melilla, Ley Orgánica 4/2000, Ley de Extranjería: «1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. 2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. 3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.»
[12] Ver El Mundo: Un juez imputa al jefe de la Guardia Civil de Melilla por las ‘devoluciones en caliente’.
[13] «Las actuaciones de la Guardia Civil en la valla, como son llevadas a cabo, son radicalmente ilegales, incluso a la luz de la nueva reglamentación. Pueden dar lugar a responsabilidades penales y disciplinarias » según un informe escrito por un grupo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid que analizó la nueva legislación. Ver «Rechazos en frontera: ¿frontera sin derechos?«, 2015
[14] «Los rechazos en frontera se llevan a cabo sin tener en cuenta las posibles solicitudes de asilo. A pesar de que nos encontremos en territorio español, no existe ninguna posibilidad de comunicar a las autoridades policiales la voluntad de presentar una solicitud de asilo; en cualquier caso la devolución hacia Marruecos es inevitable» denuncia un informe del Comité René Cassin dirigido a la ONU en 2015. Fuente: http://www.eldiario.es/andalucia/discrminacion-racial_0_402110096.html
[15] Artículo 4 del protocolo n° 4 del Convenio europeo de derechos humanos: «Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros». « Expulsión colectiva » se refiere a toda medida que obliga a las personas extranjeras, como grupo, a salir del país, salvo en los casos en los que esta medida se adopta al final o en base a un examen razonable y objetivo de la situación particular de cada una de las personas que conforman el grupo.
[16] Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, abril 2015
[17] Ver: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-legalizacion-devoluciones-caliente-entra-vigor-20150401081652.html
[18] Ver decisión del Tribunal europeo de Derechos Humanos de 30 de julio de 2015.
[19] Ver El Diario, El Consejo de Europa declara en Estrasburgo que España incumple el derecho de asilo en Melilla, noviembre 2015
[20] En julio de 2015, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus conclusiones y recomendaciones relativas a la aplicación para España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ver Periodismo Humano, La ONU suspende a España en derechos.
[21] «Quedará muy claro que los que intenten entrar ilegalmente a España, a la UE y al espacio Schengen a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo y de protección internacional, porque lo podrán ejercer a través de esas oficinas en los pasos fronterizos». Ver El Diario, Fernández Díaz dice que «quedará claro» que los que saltan la valla no tendrán derecho apedir asilo, febrero de 2015.
[22] Ver El Diario: España, denunciada ante la ONU por discriminación racial en la frontera con Marruecos, junio de 2015.
[23] El comité René Cassin es una organización no gubernamental creada en Sevilla en 1993. Su fin es «actuar a nivel jurídico frente a las situaciones de vulneración de los derechos civiles y económicos de personas o grupos de personas, tanto en España como en terceros países, que se encuentren en el nivel más extremo de exclusión social». Ver: http://comiterenecassin.org/?p=14#more-14
[24] El contenido del informe enviado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas se basa en la imposibilidad para las personas subsaharianas de acceder a las oficinas de asilo, contrariamente a las personas de Siria: http://www.eldiario.es/andalucia/discrminacion-racial_0_402110096.html
[25] La Ley nº 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana comprende la enmienda que legaliza las devoluciones en caliente con el nombre de «rechazos en frontera».
[26] Ver Periodismo Humano, La ONU suspende a España en derechos, julio de 2015.
[27] «No puedo decir otra cosa sino que, desde el respeto más absoluto a la independencia del poder judicial, me alegro profundamente», ver El Faro http://elfarodigital.es/ceuta/tribunales/172305-el-ministro-de-interior-fse-alegra-profundamente-del-archivo-del-caso-del-tarajal.html#sthash.9apP0Q90.dpu.
