La Federación SOS Racismo, junto a la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y con la asistencia de otros Eurodiputados como Juan Fernando López Aguilar y Jordi Vicent Sebastiá han presentado el informe SOS Racismo 2017 sobre el Estado del Racismo y la Xenofobia en el estado español, en el que se señala la necesidad de impulsar en el Estado español una Ley integral contra la discriminación y una Ley de protección a las víctimas de delitos de odio. Los tres mostraron su preocupación por el auge de la extrema derecha en Europa y la adopción que están haciendo de sus discursos y propuestas políticas los partidos de la gran coalición.
La presentación del informe en Bruselas – por segundo año consecutivo- viene marcada por un contexto de preocupante auge de la extrema derecha en toda la Unión Europea y unos gobiernos de los Estados miembros que han decidido adaptar sus discursos o incluso introducir cambios en sus legislaciones de marcado carácter racista y xenófobo para poder competir electoralmente con los ultras, haciendo que, en palabras de la eurodiputada “se haya normalizado el discurso de odio como práctica política no sólo aceptable sino incluso necesaria.”. En este sentido, el Secretario de la Federación SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, solicitó “la necesidad de desbloquear la Directiva sobre discriminación múltiple, que lleva atascada en el Consejo desde antes de que comenzara la presente legislatura”. Esta propuesta, defendida por SOS Racismo, y que ha contado con el apoyo de los eurodiputados presentes, tendría como objetivo disponer de herramientas que permitan luchar contra esta realidad.
Asimismo, otra de las propuestas recogidas en el informe 2017, y que se han puesto encima de la mesa habla de la necesidad de retomar el borrador de Ley integral contra la discriminación que a pesar de suscitar amplios consensos sociales y políticos no llegó a aprobarse. Esta ley, para Mikel Araguás, miembro de la Federación SOS Racismo, “debería ir acompañada por una Ley de Protección de Víctimas de delitos de odio que proteja a las potenciales víctimas de delitos de odio al margen de la situación administrativa de la víctima. Esta reivindicación viene dada porque las víctimas del racismo y la discriminación no tienen siempre asegurada la posibilidad de denunciar libremente dado que, si por ejemplo, una persona migrante en situación irregular va a una comisaría, lo primero que puede encontrar es una orden de expulsión”.
Otro de los elementos analizados es el aumento de narrativas políticas que, en palabras de Albiol: “desde las posiciones de la derecha más extrema se están imponiendo en el discurso y las prácticas de gran parte de los estados miembros, sin haber vencido en las urnas” y se plasman tanto en la acción exterior normalizando las devoluciones en caliente o la externalización de las fronteras, como en el plano interno a través de la normalización de las identificaciones étnicas o la apertura de Centros de Internamiento de Extranjeros que no respectan la legislación vigente.
Por otro lado, se ha propuesto aumentar el conocimiento de esa realidad a la cual es difícil acceder. Sobre este asunto Mazkiaran expuso que “el Estado sólo está ofreciendo datos oficiales sobre los atestados policiales, hecho este que sólo da una visión parcial de la realidad, en la medida que no hay información sobre el recorrido de éstos y su resolución”.
Por este motivo, el informe supone una “fotografía alternativa” a las estadísticas del Gobierno, dando cuenta de los más de 300 casos casos que se han registrado en las Asociaciones SOS Racismo de la Federación y que tienen que ver en la mayoría de los casos con conflictos vecinales, racismo institucional y la Policía y a la seguridad privada, con casos reales de “uso desproporcionado de la fuerza, acompañado de insultos racistas que generan situaciones discriminatorias”.
Por último, desde SOS Racismo se ha llamado a hacer una reflexión sobre el “modelo de ciudadanía” de nuestras sociedades ya que el debate y el marco que se utiliza para establecer lo que son discriminaciones “debe ser mucho más profundo y debe incluir a otros colectivos que sufren prácticas y políticas discriminatorias como es el caso del colectivo LGTBI o el de personas pobres y sin techo. Debemos, “no sólo promulgar leyes que protejan a las víctimas de estos delitos, o que traten de erradicar estos comportamientos, sino también líneas de trabajo que ayuden a la diversidad como mecanismo de convivencia social.”
Vídeo de presentación:
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