Hoy se cumplen 5 años de la reforma sanitaria que excluyó a 800.000 personas del sistema sanitario. Recordamos a la presidenta Cristina Cifuentes el compromiso que adquirió con la atención sanitaria universal en la Comunidad de Madrid y pedimos que exija la derogación del decreto en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud
A principios de 2016 la Consejería de Sanidad de la CAM, a través de la Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, invitó a varias organizaciones de la sociedad civil que realizan labores en defensa del derecho a la salud a participar en un grupo de trabajo denominado “Garantía de Derechos Humanos”, cuyo objetivo era, primero, la identificación de los puntos más vulnerables en la garantía del mismo en la región, en base a la experiencia de dichas organizaciones, y, segundo, poder elaborar un plan de acción para la mejora de la garantía de los derechos humanos (y particularmente, del derecho a la salud) en el sistema socio-sanitario de la Comunidad de Madrid.
A raíz de esta invitación, SOS Racismo Madrid, que ya había entrado en contacto con la Consejería de Sanidad para hacer notar, concretamente, las incidencias detectadas en el acceso a la sanidad de menores extranjeros desde marzo de 2015, se sumó al grupo de trabajo “Garantía de Derechos Humanos” en el mes de abril del año pasado, para participar, específicamente, en las sesiones concernientes con el acceso a la salud de las personas extranjeros. En un contexto de inacción a nivel estatal, este foro autonómico parecía la vía más adecuada para trasladar nuestras preocupaciones a las autoridades regionales madrileñas y estudiar cómo hacer efectiva y mejorar la aplicación de la orden de la Consejería de Sanidad a todos los centros de salud de proporcionar “todo tipo de asistencia sanitaria” a “todas las personas inmigrantes con o sin documentación” (carta del Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, de 21 de agosto de 2015).
La primera fase del proceso de diálogo con las ONGs finalizó en septiembre de 2016, tras el cual presentamos conclusiones, tanto conjuntas como particulares, y quedamos a la espera de un plan de acción específico de Garantía de Derechos Humanos por parte de la Consejería para seguir avanzando; la presentación de dicho plan de acción, en el que, según se nos comunicó, se estaba trabajando en enero de este año, no ha tenido lugar, y desconocemos la situación actual, tras la dimisión a principios de febrero del Director General de Humanización, Julio Zarco, y el nombramiento, a principios de marzo, de Fernando Prados para cubrir este puesto.
En cualquier caso, en el transcurso del diálogo previo mantenido durante 2016, la Consejería de Sanidad había adquirido los siguientes compromisos: solicitar en el Consejo Interterritorial una reforma del RDL 16/2012, establecer un documento acreditativo que garantice la atención sanitaria en la CAM de las personas excluidas por el RDL 16/2012 y mejorar los procedimientos administrativos para evitar arbitrariedades en la atención sanitaria y para garantizar la continuidad asistencial.
Ante la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (que sigue posponiéndose, pero esperamos que suceda próximamente, por el tema que nos atañe y en general en beneficio de la sanidad española, al ser una pieza fundamental para la coordinación del sistema sanitario estatal), recordamos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sus compromisos adquiridos con la universalidad de la atención sanitaria y exigimos que solicite formalmente la derogación del RDL 16/2012, que excluyó del sistema sanitario a más de 800.000 personas extranjeras, y defienda la vuelta a un sistema sanitario universal.
Por otra parte, desde SOS Racismo Madrid valoramos las intenciones de la Consejería de Sanidad de la CAM, pero lamentamos que en este año y medio no se hayan tomado las medidas adecuadas para llevarlas a cabo, no habiendo a día de hoy establecido el documento acreditativo arriba mencionado, ni mejorado los procedimientos administrativos de forma significativa.
En cualquier caso, ha llegado el momento de hacer balance de la situación desde que en verano de 2015 la Comunidad de Madrid se sumó a aquellas Comunidades Autónomas que declaraban su intención de proporcionar atención sanitaria a inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, oponiéndose a lo establecido al RDL 16/2012. A nivel autonómico, pocas cosas han cambiado, e iniciativas municipales como la campaña del Ayuntamiento de Madrid “Madrid Sí Cuida”, lanzada a principios de 2016, sólo pueden tener un efecto parcial y subsidiario, dadas las competencias municipales en la materia. Incluso si la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid mostrara una actitud más decidida que la actual para implementar las medidas administrativas pendientes para hacer cumplir de forma efectiva las instrucciones de agosto de 2015, parte de las trabas administrativas detectadas surgen de instituciones como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente de la Administración Central, y la solución administrativa que pueda encontrarse a nivel autonómica será, si no hay colaboración por parte del INSS, ineludiblemente una solución basada en la excepcionalidad, más complejo de aplicar y no reconocido por todas las instituciones implicadas en el complejo sistema de gestión sanitaria español, que afecta a varios niveles de la administración y a diferentes organismos.
Aunque en el marco autonómico se pueden introducir muchas mejoras que afectan a las personas extranjeras, excluidas o en situación irregular (protocolos de protección contra la trata, formación del personal administrativo y sanitario en materia de diversidad, campañas de información y asesoramiento sobre derechos sanitarios, protección integral al menor independientemente de su situación administrativa), creemos que el primer paso que debe dar la CAM para garantizar sus compromisos hacia la universalidad de la atención sanitaria, es exigir al Gobierno, junto con el resto de consejeros autonómicos presentes en el Consejo Interterritorial, que derogue el RDL 16/2012 y promueva una reforma legislativa que vuelva a garantizar el derecho universal a la atención sanitaria, independientemente de la situación administrativa.
Es imposible garantizar la asistencia sanitaria sin discriminación para toda la población residente mientras siga vigente el artículo primero del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
En lo que respecta, concretamente, a la asistencia sanitaria de los menores extranjeros, supuestamente cubierta a pesar del RDL 16/2012, es imposible garantizar la coletilla “en las mismas condiciones que los menores españoles” del artículo 3ter de la Ley 16/2003 mientras se siga negando la tarjeta sanitaria a los menores sin permiso de residencia, mientras el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se siga negando a inscribir como beneficiarios a los nacidos en España de padres extranjeros hasta que no cuenten con el permiso de residencia, mientras el INSS niegue el derecho a la asistencia sanitaria a niños con NIE nacidos en España de padres con NIE obtenido a partir del 24 de abril del 2012 y mientras la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid siga borrando de la base de datos a los bebés nacidos en España cuando cumplen 2 meses si sus padres no han conseguido la documentación de los mismos.
Debemos insistir en la necesidad de que la Comunidad de Madrid se comprometa a llevar este planteamiento al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, apelamos a todos los partidos con representación parlamentaria en el Congreso a que retomen esta cuestión, que parece ausente de los debates parlamentarios, impulsando una proposición de ley en la materia.
Con un marco legal estatal tan restrictivo y excluyente como el que estableció el RDL 16/2012, cualquier medida autonómica para favorecer la atención universal pero que no reconozca la titularidad del derecho, es un parche temporal y que abre la puerta a la arbitrariedad administrativa, la discontinuidad asistencial y la discriminación de facto, como se ha observado y documentado en los últimos años en la CAM y en el resto del Estado, y que SOS Racismo Madrid ha denunciado en sucesivas reuniones con la Consejería.
