Este año, durante los Sanfermines, hemos vuelto a ver cómo la fiesta que paraliza Iruñea y llena titulares se convierte también en un escaparate de exclusión y racismo. Lo que se vende como “orden” y “seguridad” se traduce, en la práctica, en criminalización sistemática y hostigamiento policial hacia personas migradas y racializadas, especialmente a quienes se dedican a la venta ambulante.
Los balances oficiales que se hacen siempre son en positivo y siempre omiten del relato lo que la fiesta oculta: explotación laboral, especulación inmobiliaria, militarización del espacio público y un largo etcétera de múltiples violencias que se siguen dando sin que pase nada. Se omite también del relato oficial cómo esta fiesta expulsa del espacio público a quienes no ostentan el privilegio de poder participar en ella porque han sido relegados a los márgenes, para ellas sobrevivir durante estos días de fiesta se hace aún más complicado.
Constatamos como la presión policial durante estas fiestas va aumentando cada año, formando ya parte del paisaje de Sanfermines las múltiples formas de violencia y racismo: controles de identidad racistas constantes y visibles cada día, persecuciones selectivas, detenciones arbitrarias, uso de violencia y un clima de vigilancia que no hace la ciudad más segura, sino más inhabitable para determinados sectores de la población. Durante estos días, la ciudad se convierte en aquello que se lleva ensayando el resto del año, en un verdadero “estado policial”. No nos referimos únicamente a la presencia (visible e invisible) de agentes de policía, sino a todo un modelo de gobernanza, que responde a los problemas sociales mediante control, vigilancia y represión. Este año la lógica se ha llegado a manifestar incluso con la militarización de cada avenida o calle que conducen al centro de la ciudad, y con ella al de la fiesta, pudiendo observar controles policiales de acceso en la avenida Zaragoza a la altura de la Plaza de los fueros, en la Avenida Gipuzkoa, Labrit o la avenida Baja Navarra.
Esto resulta especialmente peligroso porque afianza ideas clave que destruyen la supuesta convivencia e “interculturalidad” por la que se pretende trabajar. Así, en lugar de abordar causas estructurales, se opta por vigilar y castigar a quienes se ven empujados a los márgenes. Así también se afianza en el imaginario colectivo a las personas racializadas como “amenaza” y frente a ello, se legitima la necesidad de blindar la protección y seguridad de la parte privilegiada. En este sentido el estado policial se erige para garantizar el orden de un sistema capitalista, patriarcal y colonial que necesita diferenciar entre “ciudadanxs plenos” y “cuerpos controlables”.
En este contexto, cada año se perpetúa un discurso criminalizador que asocia la venta ambulante con “mafia” o “ilegalidad”. Hemos pasado del discurso explícito: como hizo en 2017 Ayuntamiento de Pamplona al aprobar una declaración sobre la adopción de medidas contra el comercio ilegal en Sanfermines; a la omisión cómplice de los últimos años, con un consistorio que ni siquiera menciona el tema, pero sigue enviando a sus agentes, en operaciones coordinadas con Policía Foral, a controlar, requisar mercancía e incluso a agredir, como vimos el pasado 9 de julio, cuando un agente roció con gas a un compañero mantero causándole lesiones, mientras amenazaba con multar a quienes se paraban para interesarse por lo que estaba pasando.
Queremos recordar que no puede haber seguridad ni convivencia sin garantía de derechos. Solo garantizando derechos para todas las personas, sin importar su origen, clase o situación administrativa, podremos paliar los efectos de un sistema capitalista que se construye sobre privilegios.
Por eso queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con cada una de las personas que ejercen el libre derecho a moverse y a desarrollar su proyecto de vida a pesar de estar atravesadas por las diversas expresiones del Racismo Institucional, ley de extranjería y múltiples discriminaciones directas e indirectas que les impiden o dificultan acceder a un sistema que les considera mano de obra desregularizada y vulnerable y que les reprime y acosa con dureza, especialmente cuando se organizan para exigir sus derechos.
Es urgente tejer redes, reforzar alianzas y construir espacios seguros para seguir organizándonos y luchando contra este sistema colonial, capitalista, racista y patriarcal.
Salhaketa Nafarroa-SOS Racismo Nafarroa
