La federación SOS Racismo señala en su informe sobre la situación del racismo en el estado español 2025 que sus Oficinas de Información, Atención y Denuncia recogieron en 2024, 544 denuncias siendo el número total de casos 590, ya que en algunos casos una misma persona denunció más de un tipo de discriminación en una misma situación.
En el informe, publicado ya en la página web de la Federación (www.sosracismo.eu), se recogen 544 incidentes racistas en el Estado, de los que la mayor parte tienen que ver con el racismo institucional, la denegación en el acceso a prestaciones a servicios públicos, agresiones racistas y conflictos, racismo policial así como la discriminación laboral y la denegación de acceso a servicio privados, etc. vuelven a ocupar las principales intervenciones.
Un número de casos que en palabras de Elena Stati, autora del informe, “supone un pequeño aumento respecto a las recogidas en el año 2023 mostrando una situación enquistada en nuestros pueblos y ciudades a la que no se está dando respuesta”. A pesar de ello, Stati, señala que “los datos recogidos en este informe no deben interpretarse como una representación exhaustiva ni estadísticamente representativa de la realidad del racismo y la discriminación en el Estado español. Se trata, más bien, de una recopilación que ofrece una fotografía limitada, pero significativa -en la medida que llevamos realizando desde 1995- de las situaciones que se registran y llegan a las oficinas de las organizaciones que forman parte de la Federación SOS Racismo”.
Dentro del análisis de los datos, el informe señala que los casos relacionados con el racismo institucional ocupan el 22,98% de total de casos, seguidos por los casos relacionados con denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (22,63%). Respecto al informe 2023, merece la pena señalar que mientras que el porcentaje de casos sobre el racismo institucional merma en torno a un 10%, ese mismo porcentaje es al aumento de los casos de denegación de prestaciones. Suponiendo en ambos casos, y de forma estable en el tiempo que las acciones de las administraciones públicas en torno al 45% del total de los casos.
“Ciudadano maliense, lleva más de veinte años residiendo legalmente en España. En 2017 solicitó la nacionalidad española por residencia. La deniegan en 2021 alegando que tiene antecedentes penales. Se sorprende, porque en la resolución denegatoria pone que es una condena del Juzgado de Murcia, y él nunca ha estado en Murcia. Nunca ha sido detenido. Indagando, descubre que esa condena es de una persona, también maliense, que tiene el mismo nombre y apellido que él (pero, lógicamente, distinto Nº de NIE). Presenta recurso contra la denegación de la nacionalidad (recurso administrativo, no contencioso) sin respuesta hasta la fecha. Le ha causado mucho perjuicio, porque sus hijos han alcanzado la mayoría de edad (y ya no van a poder nacionalizarse por opción, cosa que el pequeño si hubiera podido hacer en 2021 si la nacionalidad no hubiera sido injustamente denegada). Tras dar muchas vueltas, conseguimos una diligencia del Juzgado de Murcia donde consta que los antecedentes penales por los cuales fue denegada la nacionalidad pertenecen a otra persona con idéntico nombre. A finales de 2024 presentamos por registro electrónico queja al Ministerio de Justicia, aportando la nueva documentación probatoria y solicitando que al interesado se le conceda la nacionalidad española con efecto retroactivo.”
Mamadou y su familia, provenientes de Mali, sufrieron un seguimiento por parte de Servicios Sociales porque el centro escolar lo denunció por sospechar que los castigos de Mamadou hacia su hijo eran “demasiado duros”, a pesar de que el menor nunca expresó esta realidad y, por lo tanto, no tenían pruebas, y por el hecho que el hijo un día acudió a la escuela con una zapatilla rota.
En los siguientes lugares, de nuevo aparecen los conflictos y agresiones racistas que suponen el 18,42%; el racismo policial con un 12,81% y la discriminación laboral con un 9,82% del total de casos.
Los investigados, conocedores de la situación irregular de sus trabajadores y de las necesidades económicas de los mismos impusieron a estos la realización de jornadas de trabajo que oscilan entre las 10 y 12 horas, sin derecho a descanso semanal alguno y debiendo trabajar todos los días del año, a cambio de 400 euros mensuales. Los investigados, no proporcionaban alimento, pero sí alojamiento a los denunciantes, en la parte superior de un pabellón sito en la propia explotación ganadera, un espacio diáfano con colchones, sin agua y un hornillo para cocinar.
Como novedad en este informe 2024, se ha introducido dos capítulos monotemáticos centrados en el análisis del “racismo policial” y del racismo que enfrentan las mujeres migradas y racializadas que desempeñan su labor en el ámbito del empleo doméstico y de cuidados.
En el caso del Racismo policial, los 73 casos recogidos están relacionados con paradas por perfil étnico-racial (72,1%), denuncias por acoso (9%), prácticas ilegales (3%), comportamientos discriminatorios (3%), agresiones físicas (2%) e insultos racistas (2%).
Este año han acudido cinco familias de menores racializados que relatan que a lo largo de este último año en varias ocasiones sus hijos han sido abordados por diferentes Policías (Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona y de Zizur y Policía Nacional) que les han obligado a identificar a sus hijos menores, requiriéndole la identidad y mostrándose sorprendidos o enfadados cuando les entregan un DNI en el que queda constancia que son españoles y menores.
Respecto a la respuesta que se ha ofrecido desde los territorios participantes, en el ámbito judicial se han tramitado un total de 105 casos. De estos, 61 corresponden a procesos penales, 36 a procedimientos contencioso-administrativos y 4 a causas de índole social, enfocadas en cuestiones laborales o de seguridad social.
Como respuesta a estas situaciones, y para mejorar la situación de las personas afectadas por el racismo en nuestro país, la federación presenta una serie de propuestas políticas públicas antirracistas con impacto político y social. Estas recomendaciones están dirigidas a representantes y cargos políticos, representantes de las instituciones judiciales y policiales, principalmente, así como a los ámbitos de la educación, la sensibilización, los medios de comunicación, las redes sociales y las propias comunidades migrantes, gitanas y racializadas.
Por último, la Federación en la presentación de este informe ha exigido a todos los niveles de la administración pública y legisladores que pongan en marcha de forma inmediata iniciativas legislativas y planes de acción que den una respuesta urgente y coordinada junto a las entidades sociales que intervienen en este terreno que nos permita mejorar la situación de la población racializada en nuestro país desde una óptica antirracista y diversa.
