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Comunicado: «POR LA SUSPENSIÓN DE LA COMPRA DE PISTOLAS TASER POR PARTE DE LA POLICÍA URBANA DE BARCELONA»

(ES/CAT) Las entidades y colectivos bajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de salir adelante la compra de 22 Dispositivos Conductores de Energía (DCE), también conocidos como pistolas Taser, una arma potencialmente letal que, al menos, ya ha causado una muerte en Cataluña. – Les entitats i col·lectius sota signants mostrem el nostre rebuig a la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de tirar endavant la compra de 22 Dispositius Conductors d’Energia (DCE), també coneguts com a pistoles Taser, una arma potencialment letal que, al menys, ja ha causat una mort a Catalunya.

Los DCE son armas que provocan un efecto paralizante sobre el cuerpo mediante una descarga eléctrica contra una persona, con el fin de inmovilizarla momentáneamente. Desde el año 2000, se está generalizando su uso en los cuerpos policiales de muchos países y diferentes estudios han documentado sus efectos e impactos sobre la salud de las personas, incluyendo casos de muerte.

Por eso, estas armas presentan un peligro específico que es necesario tener en cuenta en la decisión de incorporarlas. Además del efecto letal inmediato como consecuencia de la corriente eléctrica emitida, hay que considerar los diversos efectos indirectos de la descarga en el cuerpo humano y su posible contribución al aumento del peligro de muerte o lesiones graves. Antes de tomar cualquier decisión, por lo tanto, Amnistía Internacional ha insistido en la importancia que las Administraciones evalúen el nivel de riesgo que es aceptable y en qué circunstancias lo es, de acuerdo con los fines perseguidos, atendiendo las recomendaciones internacionales existentes en la materia, así como las advertencias del fabricante del arma.

Sin embargo, la decisión de introducir esta arma en el cuerpo de la Guardia Urbana ha contado únicamente con un criterio policial, sin que se hayan hecho públicos indicadores e información técnica especializada que justifique su necesidad, y sin que se haya llevado a cabo un estudio independiente que evalúe sus impactos en el derecho a la salud y el ejercicio de derechos fundamentales.

Esta decisión evidencia, una vez más, la discrecionalidad de los Ayuntamientos a la hora de introducir nuevo armamento en sus respectivos cuerpos policiales, sin que sea sometidos a un ejercicio transparente y democrático, y a debate público con información técnica independiente.

A pesar de que el Ayuntamiento abrió una consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo para regular el uso de los DCE, ésta se hizo de manera opaca sin que la Administración la difundiera por sus canales y sin hacerla llegar a las entidades y organizaciones especializadas en la materia, impidiendo un proceso de participación efectiva. Así mismo, se han convocado reuniones con entidades de la sociedad civil en las que se ha excluido a varias organizaciones con conocimiento técnico en la materia, que en 2016 ya participaron en los debates sobre esta arma en el Parlamento de Cataluña, y que han señalado los riesgos que en comporta su uso.

Es importante recordar que en 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó el Estado español a “considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas Taser por parte de las policías locales, puesto que sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura». También ha considerado que estas armas no tienen que formar parte del equipo del personal de seguridad en las prisiones y a otros lugares de privación de libertad, incluidos los centros de salud mental.

Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General Número 36 (2018) en relación al derecho en la vida, establece que los Estados tienen que “velar para que las armas sean sometidas en estrictas pruebas independientes y evaluar y vigilar los efectos en el derecho en la vida de armas tales como los dispositivos que generan contracciones musculares mediante descargas eléctricas (taser)”.

La poca información que ha transcendido sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de hacer efectiva la compra de DCE se relaciona con la voluntad de emplear ese arma -a caballo entre la de fuego y la defensa personal- para hacer frente a episodios de agitación, alteración profunda de la persona o uso de armas blancas. En este sentido, atendiendo las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas y a las del propio fabricante de la empresa Axon, estas casuísticas son, precisamente, en las cuales se desaconseja su uso.

Entidades de salud mental catalanas han advertido que el uso de pistolas Taser supone un riesgo para las personas en tratamiento psiquiátrico, dada la alta prevalencia de medicaciones, problemas cardíacos y episodios potencialmente interpretables como «de agitación» por agentes sin la formación específica. Ante esta situación, el uso de Taser estigmatiza y vulnera los derechos humanos e insisten en alternativas que dignifiquen y acompañen a estas personas desde un abordaje sanitario, más humano, preventivo y flexible.

Del mismo modo, organizaciones antirracistas advierten sobre su potencial uso en personas racializadas no blancas, en un contexto en que diferentes investigaciones han constatado que este colectivo sufre un mayor número de identificaciones y registros en relación al resto de la población.

Por todo lo expuesto, las entidades adheridas en este comunicado pedimos en el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona:

1- La suspensión inmediata de la compra de pistolas Taser.

2. La apertura de un proceso público y transparente, que justifique la demanda de introducir un nuevo armamento potencialmente letal y que aporte indicadores e información técnica especializada sobre su necesidad.

3. La realización de un análisis técnico independiente sobre la idoneidad de introducir este armamento en el cuerpo de la Guardia Urbana, atendiendo los criterios de uso esgrimidos por el cuerpo, las recomendaciones internacionales de derechos humanos, del fabricante y el respeto por el derecho a la salud y la garantía de derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía.

4. Convocar un espacio/grupo de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil con conocimientos técnicos en la materia para poder abordar las principales preocupaciones expuestas y garantizar el principio de participación efectiva.

Barcelona, 14 de octubre de 2024

Els DCE són armes que provoquen un efecte paralitzant sobre el cos mitjançant una descàrrega elèctrica contra una persona, amb la finalitat d’immobilitzar-la momentàniament. Des de l’any 2000, s’està generalitzant el seu ús en els cossos policials de molts països i diferents estudis n’han documentat els seus efectes i impactes sobre la salut de les persones, incloent casos de mort.

En conseqüència, aquestes armes presenten un perill específic que és necessari tenir en compte en la decisió d’incorporar-les. A més de l’efecte letal immediat com a conseqüència de la corrent elèctrica emesa, cal considerar els diversos efectes indirectes de la descàrrega en el cos humà i la seva possible contribució a l’augment del perill de mort o lesions greus. Abans de prendre qualsevol decisió, per tant, Amnistia Internacional ha insistit en la importància que les Administracions avaluïn el nivell de risc que és acceptable i en quines circumstàncies ho és, d’acord amb els fins perseguits, atenent les recomanacions internacionals existents en la matèria, així com les advertències del fabricant de l’arma.

No obstant això, la decisió d’introduir aquesta arma al cos de la Guàrdia Urbana ha comptat únicament amb un criteri policial, sense que s’hagin fet públics indicadors i informació tècnica especialitzada que en justifiqui la seva necessitat, i sense que s’hagi dut a terme un estudi independent que n’avaluï els seus impactes en el dret a la salut i l’exercici de drets fonamentals.

Aquesta decisió evidencia, una vegada més, la discrecionalitat dels Ajuntaments a l’hora d’introduir nou armament en els seus respectius cossos policials, sense que sigui sotmesa a un exercici transparent i democràtic, així com a un debat públic amb informació tècnica independent.

Malgrat que l’Ajuntament va obrir una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu que haurà de regular l’ús dels DCE, cal destacar que aquesta es va fer sense que l’Administració la difongués pels seus canals i sense fer-la arribar a les entitats i organitzacions especialitzades en la matèria, impedint un procés de participació efectiva. Així mateix, s’han convocat reunions amb entitats de la societat civil en les que s’ha exclòs a diverses organitzacions amb coneixement tècnic en la matèria, que l’any 2016 ja van participar en els debats sobre aquesta arma al Parlament de Catalunya, i que han assenyalat els riscos que en comporta el seu ús.

És important recordar que l’any 2009 el Comitè contra la Tortura de Nacions Unides va instar l’Estat espanyol a “considerar la possibilitat d’abandonar l’ús d’armes elèctriques Taser per part de les policies locals, ja que els seus efectes en l’estat físic i mental de les persones contra les que s’utilitzarien podrien conculcar els articles 2 i 16 de la Convenció” contra la Tortura. El Comitè també ha considerat que aquestes armes no han de formar part de l’equip del personal de seguretat a les presons i a altres llocs de privació de llibertat, inclosos els centres de salut mental.

Així mateix, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, en la seva Observació General Número 36 (2018) en relació al dret a la vida, estableix que els Estats han de “vetllar perquè les armes menys letals siguin sotmeses a estrictes proves independents i avaluar i vigilar els efectes en el dret a la vida d’armes tals com els dispositius que generen contraccions musculars mitjançant descàrregues elèctriques (taser)”.

La poca informació que ha transcendit sobre la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de fer efectiva la compra de DCE es relaciona amb la voluntat d’emprar una nova arma, a cavall entre la de foc i la defensa personal, que permeti fer front a episodis d’agitació, alteració profunda de la persona o ús d’armes blanques. En aquest sentit, atenent les recomanacions internacionals de Nacions Unides i a les del propi fabricant de l’empresa Axon, aquestes casuístiques són, precisament, en les quals se’n desaconsella el seu ús.

Entitats de salut mental catalanes han advertit que l’ús de pistoles Taser suposa un risc altíssim per a les persones psiquiatritzades, donada l’alta prevalença de medicacions, problemes cardíacs i moments mal interpretats com d’agitació per agents sense la formació específica. Davant d’aquesta situació, recalquen que l’ús de Taser estigmatitza i vulnera els drets humans de les persones amb patiment psíquic i insisteixen en alternatives que dignifiquin i acompanyin a aquestes persones des d’un abordatge sanitari, més humà, preventiu i flexible.

De la mateixa manera, organitzacions antiracistes adverteixen sobre el seu potencial ús en persones racialitzades no blanques, en un context en què diferents investigacions han constatat que aquest col·lectiu pateix un major nombre d’identificacions i registres en relació a la resta de la població.

Per tot lo exposat, les entitats adherides a aquest comunicat demanem al Govern de l’Ajuntament de Barcelona:

1. La suspensió immediata de la compra de pistoles Taser.

2. L’obertura d’un procés públic i transparent, que justifiqui la demanda d’introduir un nou armament potencialment letal i que aporti indicadors i informació tècnica especialitzada sobre la seva necessitat.

3. La realització d’una anàlisi tècnica independent sobre la idoneïtat d’introduir aquest armament al cos de la Guàrdia Urbana, atenent els criteris d’ús esgrimits per la Guàrdia Urbana, les recomanacions internacionals de drets humans, les recomanacions del fabricant i el respecte pel dret a la salut i la garantia de drets fonamentals del conjunt de la ciutadania.

4. Convocar un espai/grup de treball amb les organitzacions de la societat civil amb coneixements tècnics en la matèria per tal de poder abordar les principals preocupacions exposades i garantir el principi de participació efectiva.

    Barcelona, 14 d’octubre de 2024

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