Hoy hemos comparecido en sesión de trabajo ante la Comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, para presentar las vulneraciones de derechos detectadas a lo largo de 2023 y que se reflejan en nuestro Informe Anual.
Partimos de la necesidad de visibilizar cómo impacta el Racismo, entendido como elemento estructural e institucionalizado, en las vidas de las personas migradas y racializadas, pretendemos evidenciar no solo cómo opera la discriminación racista sino cómo se encaja en las normativas vigentes y cómo se perpetúa con la misma lógica con la que se configuró.
La institucionalización del Racismo, es una de las razones que impide de manera constante luchar integralmente contra él, por mucho que se recojan definiciones actualizadas, como la que aparece en el preámbulo de la Ley Foral contra el Racismo, sigue sin integrarse una perspectiva antirracista en las normativas y en la acción política. No se puede trabajar por la igualdad si no se pone el foco en los factores estructurales que la erosionan, si se sigue parcheando sin asumir responsabilidades. Entendemos la cuestión jurídica de las competencias, pero no entenderemos jamás que no se establezcan medidas efectivas para paliar los efectos de leyes estatales, haciendo uso de las competencias propias, poniendo la normativa al servicio de las necesidades reales de la población, de toda la población sin requisitos previos que cumplir para ser considerado ciudadana/o.
Por todo ello hemos trasladado al Parlamento una serie de peticiones:
- Reconocimiento de todas las personas migradas y/o racializadas (que aquí viven o que por aquí pasan) como sujetos políticos de derechos, con independencia de su situación administrativa o condición socioeconómica, garantizando su pleno acceso a los derechos fundamentales. Para poder establecer un acceso en igualdad de condiciones, se deberán analizar los requisitos de acceso para detectar quiénes están quedando fuera del derecho, es decir, quiénes están siendo discriminadas de manera directa o de manera indirecta, para poner en marcha los cambios normativos necesarios. No hablamos de la creación de normativas específicas, si no de cambios normativos en cada área, para que cada Departamento los asuma como propios y los ejecute. Hablamos de generar precedentes, normativa y de que las Instituciones asuman la responsabilidad de hacer pedagogía sobre la necesidad y urgencia de blindar derechos, se trata de que se note que se garantizan derechos y no de lo contrario.
- En los casos en los que no haya competencia, instar al Gobierno estatal a realizar los cambios normativos, por ejemplo: apoyo a la ILP Regularización Ya, la universalización de acceso al sistema sanitario o la homologación de títulos, entre otros.
- Establecer protocolos de prevención, detección y reparación de discriminación racista en los casos en los que el agente discriminador sea la propia Administración, garantizando canales de denuncia segura en los que se proteja a la víctima, persona/s afectadas y testigos.
- El cese de los controles policiales de identidad basados en el perfil étnico, con el establecimiento de medidas de anulación de los procedimientos derivados de estos controles. También reclamamos el cese de las denominadas citas trampa y la no colaboración de los cuerpos policiales dependientes de las entidades locales y del Gobierno de Navarra en procedimientos de expulsión/devolución.
- Establecer un trabajo político de reconocimiento y reparación decolonial que no solo visibilice y denuncie las causas profundas de las migraciones, que sigue profundamente ligado a los modelos económicos, al colonialismo y al Imperialismo de este norte global sobre el sur globalizado., si no que incorpore en el relato oficial a todas las que no aparecen: hablamos de rehacer la memoria histórica, considerar a las personas en tránsito y cruce de fronteras como víctimas de violencia estatal. Si no cambia la mirada y el relato, nada cambiará, no existe una forma compatible con los derechos humanos de controlar la inmigración o las fronteras, no existe una manera de seguir viviendo como hasta ahora compatible con el respeto a la vida.
- Reclamamos la integración de la perspectiva antirracista a la hora de elaborar leyes y planes, a la hora de vigilar el cumplimiento de las existentes y en toda la función del Parlamento. Creemos que hay que deconstruir las políticas de integración, con propuestas reales que beban de necesidades reales, (no hablamos de hacer diagnósticos o fotos fijas, ya tenemos esa información, si leemos los informes y analizamos la normativa) introduciendo conceptos que puedan tener un reflejo real en los planes y en la legislación vigentes: no podemos sentarnos a hablar de convivencia sin igualdad jurídica ni de derechos.
- Potenciar y cuidar la autoorganización del tejido social, respetando los ritmos y las voces, adaptando los espacios administrativos e institucionales, incorporando la diversidad como eje transversal. Me quiero detener en este punto, para hacer valer y trasladar aquí la necesidad de legitimar la acción, del movimiento social y de las asociaciones que trabajan por la defensa de los derechos. Resulta esencial mantener espacios desligados de lo Institucional y de partidos políticos o sindicatos, donde se pueda mantener una vigilancia activa de las vulneraciones de derechos y acciones de denuncia, somos el ancla a tierra de las Instituciones y debemos politizar la defensa de derechos para que podáis hacer política de acuerdo con las necesidades reales que transmitimos. La Institución no puede destruir ni tampoco fagocitar o sustituir los espacios sociales.
SOS Racismo Navarra/Nafarroako SOS Arrazakeria
30/04/2024
